Desde Santa Victoria 2, se inició una histórica marcha histórica de  distintas comunidades originaria de Salta  con destino a la sede  del gobierno provincial, en busca de que se les reconozca sus derechos; y la creación de una mesa de diálogo intercultural que permita  salir de la marginalidad en que se encuentran.

La Unión de Comunidades Originarias del Pilcomayo, recientemente conformada, inició una caminata que estiman durará 15 días desde Santa Victoria 2, del Departamento Rivadavia, hacia la Capital salteña, donde exigirán, al Gobierno provincial una mesa de diálogo intercultural que dé respuestas a sus necesidades.

Quieren que conforme una mesa de diálogo intercultura, desde donde generar políticas donde se los incluya como sujetos de derechos, “… para una provincia y un país que se valores con la riqueza de nuestras culturas”.

En un documento de la Unión de Comunidades Originarias del Pilcomayo, en un comunicado expresaba "Marchamos ante la ausencia de políticas reales e interculturales que solucionen la profunda crisis sanitaria y social en nuestras comunidades, agravadas por el COVID. La pandemia dejó al descubierto la realidad que vivimos hace tiempo, la ausencia de recursos sanitarios, la desnutrición, la alta mortalidad infantil, la falta de agua y de asistencia médica intercultural".

El texto también pone énfasis en el reconocimiento de las tierras ancestrales y rechaza el saqueo de las tierras, la quema intencional y la tala del monte nativo sin control, la contaminación de los ríos y la falta de educación intercultural de calidad.

Esta marcha histórica, partirá de la localidad de Aguaray rumbo a la capital salteña por la ruta 34 que se estima durará unos 15 días. Y de ella participarán representantes de los pueblos wichí, chorote, tapiete, qom, guaraní, chané, kolla y diaguita, de los departamentos de Santa Victoria Este, Oran y San Martin

El cacique Abel Mendoza, referente de la organización en vía de legalización,  expresaba  a un medio local (Nuevo Diario e Salta) que marcharán por pozos de agua, ayudas sociales y por sobre todo para impedir los violentos desalojos de sus tierras.

"No se respetan las leyes, sobre todo la Ley N° 26160, se violan los derechos de los pueblos originarios. Vamos a exigir que se respete y diálogo con el Gobierno", señaló Mendoza.

Cabe recordar que la ley en cuestión declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país; suspende los desalojos o desocupación de las tierras y ordena que se realice un relevamiento técnico de las Comunidades Indígenas.

Y ya cansados de ser objeto de  políticas, más bien electorales, pero que no generan una verdadera transformación de sus realidades de eternas marginalidades, sin integrarlos al desarrollo y crecimiento de la provincia y el país.