Carlos Cruz, alquila una vivienda desde hace 11 años,  y hasta el miércoles de la semana que viene, tiene plazo para desalojar lo  que es la  vivienda donde vive él y su familia; además de ser la sede del Gremio de ASIMM, del cual él es Secretario General. Dice que él y su familia resistirán  el desalojo, denunciando una irregular situación con el inmueble donde él alquila su vivienda, ya que pertenece al Estado provincial, y no a la que le iniciara la demanda y con la complicidad de la jueza que pide se cumpla el desalojo. Más de 70 familias estarían en la misma situación de precariedad en la misma cuadra, porque nadie tiene títulos ya que es un terreno fiscal. Cruz y sus compañeros trabajadores ya arman la resistencia al desalojo

Según nos contaba Carlos Cruz, su familia alquila el inmueble a una abogada que dijo ser la dueña; y donde también funciona la sede  de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), y del cual él es el Secretario General.

Durante todos estos años, siempre dieron cumplimiento al pago del alquiler, en tiempo y en forma. Los rimeros  dos años mediante un contrato y luego sin él.

Cuando fueron a pedir a Aguas del Norte, se le habilite la conexión de agua corriente, y debieron contar con el número de Catastro correspondiente, se dieron con que en Inmueble, la parcela estaba a nombre del Estado nacional, en principio y luego éste se lo transfirió al estado provincial.

Con ese dato, vinieron a descubrir que la abogada que les alquilaba, y que ahora iniciara una demanda de desalojo, no era propietaria del terreno. Si no que pertenecía al Estado provincial.

Por eso no se entiende como la semana pasada, la jueza María Esther Kotik, del Juzgado Comercial y Civil 9° Nominación, solicitó el desalojo de la familia de Cruz, “sin que  hubiera alguna razón real de titularidad del terreno; porque entonces tendría que desalojar a más de 62 familias, que desde hace añares que viven en la misma cuadra, y son partes del mismo lote indivisible hasta ahora”. Agregaba él

“En todo caso, la que nos debería desalojar de aquí, a mí y a todas las demás familias, sería el estado provincial y no la abogada Iriarte, que se arroga un derecho que no lo tiene. Vamos a resistir, y muchos compañeros y sindicatos amigos, nos van a acompaña. Y el martes iremos a manifestarnos en ciudad Judicial…y si no tenemos una respuesta positiva, de parte de la Jueza, nosotros nos vamos a abroquelar en este domicilio hasta las últimas consecuencias”. Enfatizo

En este caso se sospecha que hay cierta complicidad entre la jueza y la abogada que pide el desalojo. Y sobre todo porque en todo caso la totalidad de los vecinos de esa cuadra, estarían en la misma situación que Cruz. Y además no se entiende porque la jueza toma tal determinación de desalojar a una sola familia; y sin que el verdadero dueño (el Estado Provincial) haya pedido el desalojo.

Detrás de este fallo, de la Jueza María Esther Kotik, sin dudas que hay un drama social mucho más profundo que el Estado provincial no puede hacerse el desentendido y actuar en forma inmediata para que no se tenga que lamentar males mayores.

El dia “D” es el miércoles 20 de noviembre, y se espera que la jueza revea su fallo y lleve un poco de paz social, no solo a la familia Cruz y al gremio de ASIMM, sino a todos los que viven en la misma situación de precariedad dominial sobre una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad.