Trabajan 12 horas, no les permiten ni comer, los despiden y no les pagan indemnización, están amenazados, les responden con represión a un reclamo gremial. Crónica de una tragedia social en medio de la campaña salteña
José Antonio Aguilera es Maquinista Integral de Cosecha y fue apartado de su trabajo en el ingenio San Isidro. Aguilera relata que el motivo por el que se lo dejó afuera de la zafra actual fue “pedirle al ingeniero Martín Arguello (miembro del personal jerárquico del grupo Ruiz) que nos diera 20 minutos para comer al mediodía”.
Cuando supo que su legajo número 5058 no había sido tenido en cuenta y no fue convocado para la zafra que se inició este año, el obrero intentó consultar a Ricardo Sosa, jefe de personal de la empresa dueña del ingenio y éste le dijo que no sabía nada del tema. ¿Resultado? Aguilera pasó sin más a integrar las filas de los centenares de desocupados de Campo Santo por querer usar 20 minutos para comer durante las arduas12 horas de trabajo que la patronal les obliga a cumplir a los trabajadores azucareros.
“Nosotros queremos que nos paguen el 50 % de la indemnización que nos debe la empresa de los Ruiz. Y además, acá en esta empresa no hay antigüedad, todos somos personal discontinuo. No tenemos derecho a nada. La empresa que se fue (la multinacional peruana conocida como Grupo Gloria que decidió cerrar el ingenio en 2018 y despedir a todo el personal) dijo que se iba porque estaba en quiebra y eso es mentira. Los archivos de cosecha de fines de zafra en los últimos años demuestran que todas fueron cosechas record. Y la empresa que está ahora también tuvo producción record. Tanto los anteriores dueños como los actuales dicen que la culpa de esas supuestas crisis es del sindicato. Y los gremios nunca pueden llevar a la quiebra a una empresa porque ningún empresario nunca le regala un peso a ningún trabajador y menos cuando hay records de producción. Yo hablé con la jefa de policía de Campo Santo y ella también dice que la culpa de todo la tenemos nosotros porque ganábamos mucha plata. Pero cuando un gremio hace cumplir lo que corresponde (como lo hace el SOEASI), todo lo que es ley, entonces nosotros podemos llegar a tener un sueldo digno”, contó Aguilera.
Este obrero del azúcar ya no tiene expectativas de ser reintegrado a su trabajo. “Me cansé de tanto atropello. Estuve trabajando desde 1998. Todo lo que digo y hago ahora es por el futuro de los que siguen trabajando, entre los que está mi hermano, a quienes les pagan lo que quieren y les hacen lo que quieren y les hacen agachar la cabeza aprovechándose de la necesidad de trabajo que tienen. Yo le digo a la población de Camposanto y El Bordo: ustedes no saben lo que está pasando ahí adentro del ingenio. Estos empresarios le hacen mal a la sociedad. Le hacen daño a la gente trabajadora. Antes estábamos mejor porque el sindicato SOEASI y Acho Cuenca (secretario general) presionaba para que podamos comer, para que nos paguen lo que corresponde, pero desde que llegaron los Ruiz empeoró todo. Es inhumano lo que están haciendo con los trabajadores. Las empresas como ésta de los Ruiz son empresas golondrina que cuando la gente obtiene la antigüedad, mejor sueldo y condiciones de trabajo, se van a explotar gente a otro lado y todo sigue igual o peor”.
Para finalizar su detallada exposición en medios de comunicación de la zona, Aguilera dijo que “antes nuestro equipo de zafra era de 7 u 8 trabajadores y ahora con los despidos quedan solamente 3 y nos exigen que produzcamos lo mismo. Mi hermano trabaja ahí y tiene que bajar la cabeza y aceptar todo. Viven amenazados. Y los gobiernos provinciales pasan y ninguno apoya al trabajador y hasta tienen funcionarios que son socios de la empresa y hasta son accionistas. Eso se sabe en todos los pueblos de la región”.
Y por último aclaró que “no vamos a parar, vamos a seguir luchando para que nos paguen lo que nos deben y para que nuestros compañeros trabajadores recuperen la dignidad que les han quitado”.
En síntesis, la alternativa necesaria y posible es seguir de pie. No de rodillas. Estos son días de reuniones y negociaciones tripartitas entre gobierno provincial, empresarios y sindicato que, voluntad mediante, podrían resolver al menos en los reclamos inmediatos como el pago total de las indemnizaciones, una situación que no admite más dilaciones.
Y si en Salta ni gobierno ni empresarios tiene las condiciones y la voluntad de resolverlo, debería intervenir el gobierno nacional para que la justicia social sea algo más que una promesa de campaña.
