Desde la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), repudiamos la media sanción que dio la Cámara de Diputados de la Provincia al proyecto de Ley Anti-Piquetes, puesto que coarta los derechos de los trabajadores y de todo ciudadano salteño a la libre expresión, a reunirse, manifestarse y a peticionar ante las autoridades.
“Lamento que los legisladores se preocupen en cercenar el derecho a la protesta social que hace a la esencia del sistema democrático y que se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a peticionar ante las autoridades, de reunión, de resistencia, y de autodeterminación de los pueblos. Lo que, además, representa una condición necesaria para el acceso a la Justicia Social”, expresó el Secretario General de UTM, Pedro Serrudo
El mencionado proyecto de Ley atenta contra los principios de no judicialización y no criminalización de la protesta social, y la resolución alternativa de conflictos que puedan suscitarse en el marco del legítimo ejercicio de este derecho. “Hoy, la sociedad espera que nuestros legisladores trabajen en garantizar la prestación mínima de los servicios esenciales sin vulnerar los derechos de los trabajadores, y de la sociedad misma, pero trabajan en lo que les resulta más fácil que es restringir los derechos internacionalmente protegidos”, aseguró Serrudo, al tiempo que analizó que “la situación en la que nos encontramos como sociedad revela el fracaso de las negociaciones y este proyecto de ley se constituye como un falso salvavidas, ya que ninguna ley evitará la protesta social, más aún cuando se busca retrotraer derechos y garantías legítimos a 40 años del retorno de la democracia”.
“Bajo el concepto de protesta social orbitan el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la libertad de expresión, la libertad de opinión, el derecho a reunión, el derecho a asociarse, el derecho a peticionar ante las autoridades, el derecho a la diversidad y constituye la esencia misma del pluralismo democrático, es así que su criminalización impide no sólo el ejercicio de los derechos políticos sino también produce un desequilibrio en el orden en que descansa el estado social de derecho, afectando su legitimidad, al punto que garantizar la protesta social es garantizar la continuidad democrática” (Proyecto de Ley de Protección de Manifestaciones, actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación)
