En la madrugada de este jueves 15 de agosto, Diputados aprobó el proyecto de ley que declara a la educación como servicio estratégico esencial y restringe el derecho a huelga de los trabajadores docentes. La iniciativa obtuvo media sanción y fue girada al Senado.

Se trata de una propuesta legislativa impulsada por el PRO, a través del diputado y exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que contó con el respaldo de La Libertad Avanza, la Coalición Cívica e Innovación Federal.

La votación se realizó pasadas las 3 de la mañana y resultó con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones.

La aprobación del proyecto podría derivar en un nuevo conflicto sindical con los gremios de la actividad, que en la previa al debate en la cámara baja ya advirtieron con medidas en caso de aprobarse de manera definitiva la norma.

En ese marco, la CTERA que representa a más de 20 sindicatos de todo el país movilizó al Congreso con fuertes críticas a la iniciativa. En tanto, los gremios docentes de la CGT declararon «persona no grata» en la educación al impulsor de la ley, el exministro macrista Finocchiaro.

Qué dice el proyecto de ley

La normativa propuesta establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que afecten al normal desarrollo de la actividad curricular.

Uno de los artículos estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente cuando las medidas de paro o huelga fuesen entre uno y dos días continuos o discontinuos; mientras que deberá ser de un 50% cuando las medidas superen los tres días; y a su vez exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase.

El rechazo de los sindicatos

Sonia Alesso, titular de la CTERA y principal aliada de Roberto Baradel, denunció que sectores del Congreso “quieren prohibir los paros y las luchas y en muchas provincias lo están haciendo contra cada uno de nuestros sindicatos de base”.

La entidad sindical subrayó la necesidad de construir una unidad en la acción, de cara a una nueva marcha federal educativa que tendrá lugar en septiembre próximo. «La educación no es un servicio, es un derecho», enfatizó la CTERA.

En tanto, los sindicatos docentes con representación nacional nucleados en la CGT se manifestaron públicamente en contra de la propuesta y también podrían analizar medidas de fuerza en rechazo.

En una dura declaración, el Frente Gremial Docente de la CGT que integran AMET, CEA, SADOP y UDA cruzaron al legislador que actualmente preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, por propender y ser autor de la iniciativa para declarar a la educación como servicio estratégico esencial.

«El diputado Finocchiaro debería ocuparse de presentar iniciativas que verdaderamente beneficien el sistema educativo, proyectos que eleven los por demás deprimidos salarios docentes que en su mayoría se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mejoren la infraestructura escolar, garanticen la capacitación y formación en servicio, provean de dispositivos tecnológicos a estudiantes y docentes o aumenten el presupuesto para educación», señaló Sergio Romero, secretario de políticas educativa de la CGT.