Los gremios docentes adheridos a la CGT, UDA, AMET, CEA y SADOP, cruzaron al gobierno de Javier Milei por una resolución que establece que la secretaria de Educación de la Nación no participará de las negociaciones colectivas, pero se arroga la posibilidad de vetar cualquier aumento por razones presupuestarias.
A través de un comunicado de prensa, los sindicatos docentes de la CGT (AMET, CEA, UDA, SADOP) denunciaron que el Gobierno Nacional “se expulsó de la paritaria nacional docente” a través del Decreto Delegado 341/2025 y que, además, se otorga un «poder de veto» sobre cualquier acuerdo salarial que se alcance en el sector. Los gremios advierten que esta medida «profundiza la desinversión en educación y promueve el caos en el sistema».
Según los sindicatos, el Gobierno cae en una «abierta contradicción y arbitrariedad con poco ingenio jurídico» y recordaron que la Ley de Financiamiento Educativo establece la responsabilidad del Estado nacional, junto a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en la planificación, organización, supervisión y financiación del sistema educativo. Asimismo, la normativa obliga al Ejecutivo a acordar con las organizaciones docentes un convenio marco para establecer condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente.
En esa línea, señalaron que, «pese a esta obligación legal, el Ejecutivo da un paso atrás y se borra de la paritaria, pero a la vez se guarda un poder de veto a través de la Secretaría de Educación, por supuestas razones presupuestarias«. Esto implica que, a pesar de reconocer la necesidad de invertir y pagar parte de los salarios, el Gobierno se niega a sentarse a la mesa de negociación colectiva del sector.
Para los docentes, esta decisión confirma la «voluntad política del Gobierno de cerrar la educación como un tema de atención del Estado nacional». Advierten que se abre paso a un modelo en el que la «mano invisible del mercado» defina el funcionamiento del Sistema Educativo según las posibilidades de cada provincia. En ese sentido, denunciaron que el Gobierno «afecta la libertad sindical y cercena derechos colectivos».
Las organizaciones describieron la medida como «grave», y aseguran que, de cumplirse, Argentina se destina a «postergar la educación, a golpe de Decretos, en temas de significativa consideración y atención nacional». Los sindicatos enfatizaron, a su vez, que esta desinversión definitiva ya se viene dando en los hechos, a pesar de la legislación vigente.
Los gremios docentes recordaron que el Estado nacional es el encargado de fijar la política educativa y controlar su cumplimiento para consolidar la unidad nacional (art. 5, Ley N° 26206), garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional (art. 9, Ley N° 26206) y que el Gobierno y la Administración del Sistema Educativo Nacional es una responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional con las provincias (art. 113, Ley N° 26206). Por lo tanto, afirman que «no puede la Casa Rosada desentenderse del sistema», indicaron.
Finalmente, los sindicatos docentes integrantes de la paritaria sentenciaron que «otro Decreto viene a voltear leyes del Congreso, nacidas con amplio consenso, y pone a los actuales legisladores en una situación de mero espectadores del desguace», concluyeron.
Fuente: Mundo Gremial
