Ante un recurso de amparo, presentado por las autoridades gremiales  que fueron desplazados por una intervención decretado por  el Ministerio de Trabajo, la Cámara laboral resolvió que se le restituya en el cargo al secretario general que había sido desplazado y le ordenó a Producción y Trabajo reconocerlo. Por lo que todos los actos administrativos que había realizado la intervención de  Patricio Lombilla, quedan anulados, debiéndose reponer en su cargo a Ángel García y suspender la convocatoria a elecciones generales del gremio para el 14 de enero de 2019.

Con este último fallo de la Cámara laboral, el gobierno de Mauricio Macri sufre otro revés, sumado a otros que sindicato que fueran intervenidos por el Ex Ministro de Trabajo, Jorge Triaca

La Justicia suspendió otra intervención del Gobierno al sindicato de la Unión del Personal de Seguridad (Upsra) que permanecía intervenido desde 2016 y que ahora, a partir de un fallo de la Cámara laboral, deberá volver a manos de sus tradicionales autoridades.

La resolución de la Sala XI del tribunal, integrados por los magistrados Álvaro Edmundo Ballestrini y Roberto Carlos Pompa, suspende una elección convocada por los interventores para 14 de enero y ordena la reposición en su cargo de Ángel García, el secretario general del gremio antes del desembarco de Cambiemos.

“El derrotero de la intervención ahora en suspenso es similar al de otros sindicatos donde la administración de Mauricio Macri promovió la remoción de dirigentes para poner en su lugar gestiones afines. El caso más paradigmático fue el del sindicato de marítimos (SOMU), que este año volvió a manos de sus afiliados luego de un intento fallido de la exintervención por impulsar un candidato propio alineado con Cambiemos, pero en otros fue la propia Justicia la que desplazó a los funcionarios del Ejecutivo: sucedió en el gremio de Canillitas (Sivendia), el de jerárquicos ferroviarios (Apdfa), el de trabajadores de la industria del azúcar, de Tucumán (FEIA) y en el de judiciales de Mendoza, entre otros. (sic diario Ambito.com)

En el mismo fallo, se deja sin efecto el llamado a elecciones que había hecho el delegado normalizador nombrado por el Gobierno, Patricio Lombilla. Los jueces fueron más allá: resolvieron, además de suspender el comicio del 14 de enero, ordenar al Ministerio de Producción y Trabajo extender una certificación de autoridades (el reconocimiento formal en el rubro sindical) a García y a sus colaboradores, cuyos cargos habían sido prorrogados por una asamblea general del gremio en 2017 cuando ya regía la intervención oficial.

En otras palabras el tribunal sacó del medio a los interventores y repuso a los gremialistas con todas sus facultades aunque aclaró, en su resolución, que esa decisión no implica un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. Al respecto será la propia Sala IX la que deberá resolver sobre la determinación original de Trabajo que dio origen a la intervención, dispuesta por aparentes irregularidades en el proceso electoral que había organizado el propio García en 2016.

Recordemos que este fallo es un  revés para el juez federal Ariel Lijo, quien había tomado intervención en la causa a partir de una denuncia del primer interventor, Rodolfo Alonso, contra el secretario general del gremio por haber impedido su asunción en la organización. Lijo debía investigar a García por presunta desobediencia judicial y en sus primeros pasos en el expediente le ordenó a Trabajo poner en vigencia la intervención, que finalmente recayó en Lombilla. Ahora el juez federal podrá continuar con la causa contra García pero no tendrá incidencia sobre la validez final o no de la intervención, que la Corte Suprema puso en cabeza de la Justicia laboral en agosto pasado.

La intervención de Upsra tuvo, en paralelo con su desenvolvimiento judicial, un trasfondo político relacionado con la ruptura de la histórica sociedad de García con Luis Barrionuevo, su ex referente en la interna de la CGT. De hecho el desembarco del Gobierno en el gremio tuvo un sesgo ligado a Barrionuevo y a Enrique “Coti” Nosigilia, su histórico socio político.

Además la de los funcionarios fue una gestión no exenta de controversias. Un empresario del rubro de los vigiladores denunció al ex secretario de Trabajo Jorge Triaca –entonces número uno de la cartera laboral-, a Sergio Borsalino, su cuñado y ex asesor, Adrián Corti (custodio), Lombilla y Patricio Castro, afiliado del gremio y ex empleado de la cartera de trabajo, por supuesta extorsión, cohecho y enriquecimiento ilícito a partir de aparentes desvíos de fondos. De hecho, tanto Triaca como Borsalino se vieron envueltos en acusaciones por presuntas irregularidades en la intervención del SOMU. El fin del proceso de Cambiemos en Upsra coincide con la salida definitiva de Triaca del Gabinete nacional.

Y por último, esto trae como consecuencia, que las aspiraciones de Julio Gutiérrez, de la Lista Verde, Renovación Nacional, se verán postergadas ya que con este fallo judicial, ya no tiene validez el llamado a elecciones en el gremio de los vigiladores, el próximo 14 de enero. Si bien, en principio fue la única lista convalidada por la intervención, ahora todo se vuelve a foja cero y habrá que esperar que hará la restituida conducción encabezada por Ángel García.

Fuente: diario Ambito.com