Hace un par de décadas la OIT acuñó el concepto “trabajo decente”; desde entonces brega por su difusión en el mundo. En realidad, uno podría pensar que el trabajo “malo” es aquel que ejercen los trabajadores no-registrados y aquellos que trabajan bajo fórmulas legales que facilitan su explotación.

Pero en Salta las cosas suceden de otra manera. Aquí, el trabajo indecente es la regla, y alcanza incluso a la mayoría de los 120.000 trabajadores registrados dentro de la actividad privada, y a muchos de quienes trabajan en el sector público, sobre todo en el municipal.

La singularidad de Salta radica en que no basta acceder a un trabajo registrado o “en blanco” para tener un trabajo decente.

La mayoría de quienes trabajan en Salta no tienen garantizados sus derechos fundamentales; menos aun disponen de sus derechos convencionales. Carecen, además, de las oportunidades de capacitación que les permita mejorar su rendimiento y progresar en su vida laboral y privada. Todo lo cual, además de hacer penoso el trabajo, resiente la fuerza de nuestra producción regional.

La negociación colectiva en el ámbito provincial es prácticamente inexistente, lo que se suma a la parálisis que arrastran los viejos convenios colectivos nacionales, anclados en 1975. Los trabajadores de Salta y casi todos sus sindicatos se limitan, en este ámbito, a recibir las comunicaciones de Buenos Aires sobre las actualizaciones salariales que pretenden, sin éxito, mantener el poder adquisitivo.

Los empresarios locales, quizá por desconocimiento o abulia, terminan sumándose a los que aplauden el unitarismo laboral.

Las infracciones que en Salta permiten hablar de trabajo indecente son muchas. Pero mi limitaré a una de ellas:

En materia de salud laboral reina entre nosotros una amplia desprotección. Ni las ART, ni las empresas, ni la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ni el fuero laboral, ni -menos-, la Secretaria de Trabajo cumplen con las funciones que la normativa vigente les asigna.

El Estado provincial se muestra partidario de constituir a Salta en una “zona franca laboral” donde nadie vigila, nadie cumple y nadie hace cumplir las leyes sobre salud y riesgos del trabajo.

Ciertos funcionarios de la Secretaria de Trabajo dicen que cualquier intento de bregar por las “condiciones dignas de labor” de las que habla nuestra Constitución, ahuyenta inversiones y provoca cierres de empresas.  

Por tanto, el modelo competitivo salteño se basa en la tolerancia oficial al trabajo indecente.

Salta, 4 de febrero de 2019.  

(*)Socio Estudio Caro Figueroa

http:/www.estudiocarofigueroa.com

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