La pandemia ha arrasado con todo. No solo ha destruido nuestra declinante economía, sino que ha dejado sin trabajo fundamentalmente a los millones que se desempeñan en la economía informal. Nos ha procurado traumas emocionales, ha impedido una sana educación, ha interrumpido el contacto directo entre las familias. Ha provocado, en la práctica, el abandono de nuestros viejitos en los geriátricos, que es donde se produjo el mayor porcentaje de enfermos y de muertos. Pero también, esperanzadoramente, ha mostrado la unidad y solidaridad de nuestro pueblo, por ejemplo en Orán.

El Gobierno Nacional, con buen criterio, ha ayudado a las empresas pequeñas y medianas abonando la mitad de los salarios. A los trabajadores de la economía informal y a los formales con pocos ingresos, con el IFE. Ha aumentado el número y la cantidad de beneficiarios con la Asignación Universal por Hijo. Ha ayudado a los miles de comedores comunitarios que han aparecido por esta crisis. Ha tenido que ampliar la capacidad hospitalaria, comprar respiradores, medicamentos, procedimientos de testeos,  y ahora la gestión es la compra de vacunas, entre las decenas que ya están en oferta en el mercado de medicamentos. Dios quiera que acierte con la más adecuada.

Pero esta ayuda nacional, unida al aumento de gastos provinciales y municipales, ha provocado un tremendo déficit presupuestario, que se solventa con emisión monetaria, puesto que la recaudación de impuestos ha disminuido por el paro económico. Además tuvo que enviar ayuda adicional para las provincias y municipios.

Pero si seguimos con esta impresión de monedas desorbitante, la economía se desborda. aumenta la inflación, hay sobrante de pesos y la población, aun los más humildes, se refugia en el dólar. Al aumentar el dólar aumentan los precios y como ciertos productos tienen precios fijados por el Estado, comienzan los faltantes. Empezamos a comprar segundas y terceras marcas. Los que tienen ahorros los invierten en dólares, pero por las últimas restricciones, no hay viajes al exterior ni compra de dólares, entonces, razonablemente, se invierten en ladrillos, lo que es una buena señal porque la construcción comienza a trabajar a full.

La emisión monetaria es imprescindible pues la mayor parte de nuestra población es ahora pobre o indigente. Pero esta esta una solución transitoria, y como ya dije, con efectos inflacionarios, que provocan desconfianza interna y externa. Curiosamente, Argentina es el único país de América del Sur, excepto Venezuela, que no ha podido controlar la inflación.

La recesión provoca una disminución en la recaudación de impuestos. Pero un sector importante de nuestra sociedad tiene privilegios incompatibles con la actual situación de nuestro país. Me refiero a los integrantes del Sistema Judicial y a los diplomáticos, quiénes están exentos del pago de impuesto a las ganancias.

En El Cronista de fecha 26 de febrero de 2020, se ha insertado una información poco conocida. El sistema de jubilación judicial, Nación y Provincias que transfirieron sus Cajas Jubilatorias, tienen un déficit en el año 2019 de Diez mil millones de pesos. Esto surge de la diferencia entre los aportes jubilatorios y las sumas pagadas por jubilación. Hay trece provincias que no transfirieron sus Cajas, y también soportan un gigantesco déficit. Entre las más grandes, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Tanto en la Nación como en las Provincias,  los que están en actividad como los jubilados y pensionados, no pagan impuesto a las ganancias. 

En Estados Unidos, base de nuestro sistema constitucional, existió, como entre nosotros, una cláusula de salvaguarda de la independencia del Poder Judicial: Su remuneración no puede ser disminuida ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo. Todo el sistema judicial se abroqueló tras esta cláusula y se negó sistemáticamente a pagar impuesto a las ganancias. Pero en Estados Unidos, es la misma Corte Suprema de Justicia la que dictaminó que las medidas impositivas que alcanzan a todos sus habitantes, también deben ser pagadas por los jueces. Y así ocurre desde el año 1936. Pero si las medidas no son generales, sino circunscriptas al sistema judicial y ocasiona disminución de ingresos, son inconstitucionales. El constitucionalista Daniel Sabsay expresó que no conoce ningún sistema judicial, excepto el nuestro,  donde los jueces no pagan ganancias.  

La intangibilidad de los salarios judiciales fundamenta el no pago de ganancias. Pero la razón por la cual los diplomáticos están exentos no alcanzo a comprenderla. Es una incongruencia.

La Constitución de Salta de 1986, todavía no estudiada suficientemente, tiene un artículo que resuelve este tema: Art. 161: “Los jueces gozan de las mismas inmunidades del Poder Legislativo y su retribución no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general extensivas a todos los poderes del Estado”. Esta norma protege la independencia del Sistema Judicial, sin crear un privilegio a los jueces, tal como ocurre en Estados Unidos.

El privilegio del no pago de ganancias, utilizando facultades legislativas que no le corresponden, nuestra Corte de Justicia de la Nación, en el año 1998, lo hizo extensivo a todos los empleados del Sistema Judicial. Las jubilaciones de este sistema, como ya se comentó, son absolutamente deficitarias. Y si todo el Sistema está exento del pago de ganancias, el déficit se incrementa.

Actualmente, las nuevas designaciones en la Justicia están sujetas al pago de ganancias, pero hasta donde conocemos, no sobre todos los ítems que componen el salario. La designaciones anteriores siguen exentas.

  ¿Quiénes deben soportar el peso económico de esta Pandemia? La respuesta es todos los que tienen un trabajo fijo y todas las empresas que continúan funcionando. Mi modesto parecer es que todas las remuneraciones, incluyendo las jubilaciones,  deben contribuir a soportar el costo económico de la pandemia. Los jueces y diplomáticos están indebidamente exentos de ganancias y corresponde que paguen. Y esto implicaría una luz de esperanza para los millones que al quedarse sin trabajo no pudieron seguir pagando alquiler, están en situación de calle y son el sustento de los vivillos que propician tomas de terrenos y se quedan con lotes que luego venden. 

Los legisladores nacionales tenían un privilegio semejante al de los jueces y diplomáticos. No pagaban, tanto activos como jubilados, impuesto a las ganancias. Esto ha sido derogado por el propio Congreso de la Nación y ahora nuestros legisladores están sujetos al sistema jubilatorio común y se les retiene y  pagan ganancias.

En situaciones excepcionales los remedios deben ser excepcionales. En caso de guerra o catástrofes como esta pandemia, nadie puede esta excusado de participar. Todos debemos ceder algo nuestro para que pueda llegar al otro y así, entre todos constituyamos el nosotros.

La pandemia nos ha enseñado, tanto a las personas como a las naciones, que nadie se salva solo. Entre todos, con mucho esfuerzo, podemos lograr restablecer la normalidad. Debemos ayudar al necesitado, pero con cariño, no como una imposición estatal. Nos sentiremos mejores nosotros.

Organizados, una Argentina y una Salta más justa, es posible.

(*) Columna en el Programa “Compartiendo su Mañana” en FM Aries de Salta