Aunque pasó desapercibido (como suele ocurrir con los hechos importantes), el pasado 20 de febrero fue el Día Mundial de la Justicia Social. En el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), proclamó el 20 de febrero de cada año como fecha conmemorativa de los valores fundamentales para la sociedad que se desprenden del principio de Justicia Social.
El 10 de junio de 2008, también la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó por unanimidad la referida declaración de la ONU.
En nuestro país el concepto de Justicia Social, fue apropiado -en cierta forma- por el peronismo (de allí el nombre Partido Justicialista), al punto que se desconoce que esa expresión ya era usada en el siglo XIX, por los jesuitas.
También integró la llamada Doctrina Social de la Iglesia, siendo utilizada en varias encíclicas papales. Su contracara: el socialismo también la esgrimió en sus declaraciones y expresiones doctrinarias.
Particularmente los socialistas fabianos ingleses la utilizan en los "Ensayos fabianos sobre el socialismo", publicados en 1889. Allí la justicia social desempeña el papel de finalidad ética por excelencia, para guiar la evolución social mediante cambios no revolucionarios hacia un sistema de socialdemocracia.
En nuestro país otro socialista, Alfredo Palacios, publica un libro que precisamente lleva el nombre de "Justicia Social".
En 1919 esta expresión es incorporada en el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que se convierte así, en la primera consagración de la Justicia Social en un documento jurídico.
La primera Constitución que incorporó esta garantía fue la de Irlanda de 1937, seguida por la Constitución de Bolivia de 1938. La mayoría de los países que incorporaron la Justicia Social en sus constituciones son de fuerte tradición católica.
Durante el Gobierno de Juan Domingo Perón, en 1949, se sancionó una Constitución (luego derogada por la llamada Revolución Libertadora) que en su artículo 40 establecía "el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social".
Al ser reformada, en 1994, la Constitución Argentina que actualmente nos rige, incorporó tímidamente- dentro de las facultades del Congreso Nacional "Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social".
En las Naciones Unidas
El tema elegido este año, por la ONU, para conmemorar el Día Mundial de la Justicia Social es "Un llamamiento a la justicia social en la economía digital" con el que se busca "fomentar el diálogo sobre las medidas necesarias para superar la brecha digital, ofrecer oportunidades de trabajo decente, y proteger los derechos humanos y laborales en la era moderna de las tecnologías digitales".
Puede decirse que la justicia social hoy en día implica básicamente un deber del Estado social de derecho, el de garantizar o distribuir unos recursos mínimos (a través de derechos, servicios, subsidios, etc.), con el fin de que todas las personas puedan realizar su plan de vida en condiciones dignas, adoptando acciones afirmativas para que, especialmente, aquellos en situación de pobreza, discriminación, marginalidad o vulnerabilidad gocen de iguales oportunidades para lograrlo.
Actualmente la justicia social no es solamente un atributo de las relaciones de trabajo, pues también se entiende que debe orientarse a garantizar el bienestar de otros amplios sectores de la sociedad.
De tal manera, su logro implica la plena garantía de derechos por parte del Estado, privilegiando su protección en el caso de aquellas personas con menores ingresos y riqueza o tradicionalmente discriminadas, como las mujeres, las personas del colectivo LGBTIQ y grupos vulnerables, en los que se puede contar a niños y ancianos.
De esta manera, la justicia social ha empezado a vincularse con la igualdad de oportunidades, también denominada "igualdad material", y se abre a nuevas esferas de protección como la justicia ambiental.
