Los jueces y los abogados que nos desempeñamos en el fuero laboral de Salta tenemos plena conciencia de que el servicio de justicia arrastra severas deficiencias: morosidad, marco jurídico procesal obsoleto (enraizado en el patriarcalismo e insensible a discriminaciones y desigualdades), ausencia de datos estadísticos, burocratización, rutinas que conducen a la impotencia.

Las relaciones entre estos dos grandes actores del proceso laboral (magistrados y abogados litigantes) oscilan entre el enfrentamiento soterrado y una total falta de empatía. Carentes de instancias de diálogo institucional, cada parte "va a lo suyo"; nadie se pone en los zapatos del otro. Las consecuencias son nefastas para el servicio de justicia, para la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y, cómo no, para los legítimos intereses de los trabajadores y de los empleadores que concurren a los estrados en busca de Justicia.

 

Este penoso estado de cosas viene arrastrándose durante las últimas décadas. Pocos han sido los intentos de reforma. Y todos han fracasado, otorgando inmerecida larga vida al Código Procesal Laboral aprobado hace 44 años. Sus reglas han quedado desfasadas, no solo porque fueron sancionadas en tiempos de la última dictadura, sino porque desde 1978 a la fecha las ciencias del Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal del Trabajo avanzaron a pasos de gigantes. Y porque, además, en 1994 nuestra Constitución Nacional fue reformada con clara intencionalidad de progreso, sobre todo en el área de las relaciones de trabajo.

 

El otorgamiento de un alto rango jurídico a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos Fundamentales es uno de los mejores frutos de esa reforma constitucional y ha configurado un panorama en las antípodas de los principios, de los tics antiobreros, antisindicales y civilistas que dominaron el accionar de nuestros tribunales del trabajo a lo largo de buena parte del medio siglo pasado.

 

Constato que tanto entre los magistrados como entre los abogados litigantes se extienden las inquietudes y las ganas de hacer algo para salir del desaliento.

 

Una iniciativa sindical inédita

 

Al poco tiempo de que la CGT Regional Salta convocara la "Jornada sobre la Justicia del Trabajo en Salta, 70 años después", y presentara su proyecto de Bases para reformar el proceso laboral y la ley orgánica del fuero, han comenzado a surgir más propuestas: del Colegio de Abogados, del Colegio de Magistrados, de la Asociación Argentina del Trabajo Filial Salta.

 

Estas inquietudes -todas bienvenidas- han movido al señor ministro de Justicia a poner en marcha una mesa de diálogo en donde las partes interesadas han comenzado a analizar el estado actual del fuero y a proponer soluciones. Si bien en estas conversaciones se han puesto de manifiesto discrepancias, hay que rescatar la voluntad de conversar y de construir consensos.

La recentísima puesta en marcha del Observatorio de la Justicia es también una excelente noticia. Aunque está por demostrar su eficacia, la creación del Observatorio marca el cierre de un ciclo de oscuridad y autoritarismo en todo el ámbito de la Justicia de Salta, no solo en el fuero del trabajo.

 

Los cambios más urgentes

 

No será fácil superar el actual estado de cosas. Pero me atrevo a señalar que el comienzo de la transformación hacia una Justicia del Trabajo pegada a la Constitución y a los Tratados Internacionales, reside en independizar al proceso laboral del Derecho Civil. Esta independencia es, en realidad, la superación de una colonización anormal que, me parece, se extendió desde finales de los años de 1970 a la fecha.

 

Otro paso fundamental es liberar a los jueces del trabajo del cepo conformado por las sentencias de la Corte de Justicia de Salta que son "eternas" en virtud del absurdo artículo 40 de las ley orgánica del Poder Judicial.

 

Esta liberación reclama también reconocer a la Cámara de Apelaciones del Trabajo funciones de autogobierno del fuero, quitándoselas a la Corte que las detenta sin ejercerlas y que, curiosamente, acaba de crear una Sala Laboral sin especialistas en la materia.

 

Pero si se me pregunta cuál es la primera prioridad de este proceso de urgentes reformas, apuntaría a la formación continua de jueces, abogados y auxiliares. Magistrados y litigantes estamos necesitados de un profundo reciclaje profesional que acoja la emergencia de la definitiva constitucionalización e internalización del derecho del trabajo y que, de paso, uniforme lenguajes, actualice principios y renueve técnicas. La Escuela de la Magistratura debe, al menos en este terreno de la justicia del trabajo, abandonar su zona de confort, su seudo elitismo, y definir programas obligatorios de formación permanente de jueces, magistrados, abogados, peritos y demás auxiliares.

 

Hace falta un programa plurianual de formación, obligatorio, con contenidos inequívocamente constitucionales y contemporáneos, dictados por especialistas de muy acreditada solvencia nacional e internacional.

 

Carencias más notorias

 

La Justicia local no está preparada para ejercer las competencias que se derivan de la ley de riesgos de trabajo. Una situación que daña a los trabajadores y premia a las aseguradoras de riesgos del trabajo. Más allá del desconocimiento teórico, el sistema tropieza con pésimas regulaciones y con la inexistencia de un cuerpo de Peritos especializados.

 

La Corte, a sabiendas o por pura negligencia, ha sido incapaz de organizar este cuerpo, y se cuida de vedar a los trabajadores toda posibilidad de contar con peritos externos especializados. Las trabajadoras y trabajadores públicos -en especial los que se desempeñan en las municipalidades-, están condenados a litigar en el distante y ajeno fuero contencioso administrativo, creado alrededor del principio de la duda a favor del Estado.

 

Nuestro Código Procesal Laboral no cuenta con herramientas para penalizar el fraude laboral. Y su competencia para actuar en asuntos sindicales y en conflictos colectivos no aparece expresamente reconocida, lo que da pie a que muchos jueces alimenten una laguna que hace ineficaces los derechos de libertad sindical.

 

El proceso de informatización, dirigido por la CJS, es lento, timorato y parcial. Las causas laborales mantienen la preferencia por el papel, frente al fuero civil que cuenta ya con un aceptable Sistema de Expediente Digital.

 

La inexistencia de una Carrera Judicial que incluya la evaluación del desempeño y las deficiencias -por todos conocidas- que sufren los procesos de selección de jueces a cargo del Consejo de la Magistratura, es otro de los problemas a resolver y otra de las causas del atraso científico y práctico del fuero.

 

La Justicia del Trabajo comparte con el resto de la estructura judicial salteña la falta de transparencia; sigue, en este sentido, las medioevales directrices de la Corte de Justicia de Salta empeñada en mantener secretos y en prodigarse autoelogios imaginarios.

 

Si bien el número de causas ingresadas no aumenta desde hace tres lustros, parece evidente que el fuero laboral no cuenta con los recursos necesarios para acelerar trámites, ponerse al día, y caminar hacia un sistema de justicia online.

 

Corresponderá al Observatorio de la Justicia la realización de los estudios que permitan redimensionar al fuero, detectar sus carencias y comparar su rendimiento con lo que ocurre en otras provincias y otras naciones.

 

Mientras, jueces magistrados y abogados debemos encarar un proceso de diálogo constructivo partiendo del doble principio de que no hay nadie infalible y de que todos quienes ejercen poderes del Estado están sujetos al control cívico.