La explosiva situación que ha planteado el descubrimiento de una financiera ilegal en la provincia ha generado una impensada tensión entre sectores de los poderes Ejecutivo y Judicial. El alto volumen del dinero involucrado en la maniobra (más de dos mil millones de pesos) ha despertado cualquier tipo de conjeturas, muchas de las cuales incluyen un supuesto lavado de dinero de alguna otra actividad ilícita.

Eso es en la parte estrictamente judicial, pero en la faz política, hay mucha más tela para cortar, toda vez que hay nueve efectivos policiales detenidos, dos de los cuales tienen el rango de comisarios, con lo cual la situación se torna delicada para los responsables civiles de la fuerza. Alli es donde se han generado notorios desencuentros entre el Procurador de la Provincia, Pedro García Castiella y el ministro de Seguridad, Abel Cornejo.

Como si tratara de dos púgiles, ambos se subieron al ring con pesos de diferentes categorías. Comenzaremos por el ministro, un funcionario curtido en muchas batallas, varias de ellas tanto en la Justicia Federal como en la provincial. A diferencia de su contrincante de breves pasos por la administración municipal y provincial, en cargos de menor compromiso que el actual.

Como si fuera poco, Garcia Castiella ocupa el cargo de jefe de fiscales, en reemplazo de Cornejo, que se trasladó al Ejecutivo en un cargo de fuerte combustión como es la cartera política. Sin embargo el actual Procurador apuntó directamente al corazón de la fuerza policial, al presentar cargos contra comisarios, oficiales y suboficiales.

En un primer momento cuando aún no había demasiadas detenciones, el ministro intentó minimizar la participación policial en la financiera, pero los hechos posteriores le explotaron en la cara y entonces debió cambiar la estrategia. Luego de eso apuntó a la versión que defendía la institución y no a algunos uniformados, los que ahora están detenidos.

Cuando estalló el escándalo, el Procurador, junto a los fiscales que llevan a delante la investigación se enfocó en los efectivos que jugaron en diferentes puestos, ya sea como inversores de la financiera, como cómplices de la filtración de información y finalmente como elementos de seguridad de la actividad ilícita. Fue entonces cuando el jefe de los fiscales lanzó su principal teoría: que el dinero provenía de alguna actividad ilegal.

Ahí fue cuando el ex juez federal trató de defender la imagen policial y calificó a la conferencia de prensa de los fiscales como “llena de subjetividades”, ya que hasta el momento no había ningún policía detenido en esta causa. Con el correr de los días se ratificaron las peores presunciones: cayeron nueve uniformados y se comprobó que el capital que movía la financiera era desproporcionado para una plaza como Salta.

La causa aún sigue pendiente y es muy pronto para mensurar los daños y perjuicios causados en la institución policial. Habrá que esperar un tiempo más para saber adónde llega la investigación y si hacen falta renuncias.