El cobro, por parte de la municipalidad capitalina, de un Tributo injustificado

Una decisión a todas luces injustificada, acaba de cometer la Municipalidad capitalina en complicidad con la empresa distribuidora de Energía, Edesa. Ocurre que desde hace unos dos meses las boletas de luz llegan a domicilios salteños con una doble y hasta triple imposición tributaria desde la municipalidad.

La empresa de energía toma como referencia inmuebles en los que funcionan dos o más medidores y envía una factura individual por cada uno de ellos, independientemente de si se trata de un mismo domicilio y/o catastro. Además de los cargos por consumo eléctrico, en cada una de las boletas se incluyen: el impuesto inmobiliario, la tasa de Protección de Bienes y Personas, incidencia del Alumbrado Público, la tasa de mantenimiento de Alumbrado Público y la tasa municipal.

En los registros de Inmuebles, ninguno de esos catastros existe. En tanto, en la página web de ARMSA, en el estado de deuda de los "catastros fantasmas" figuran los períodos adeudados (ninguno es anterior a diciembre de 2021), pero no se detallan datos clave como: domicilio, valor fiscal, CUIT o valor de edificado.

Desde  Edesa aducen que la municipalidad lleva el registro de los catastros y desde la municipalidad le echan la culpa a la distribuidora de energía. En ambos casos reconocen que el catastro no existe". Pasa mucho con propiedades que tienen locales para alquilar. Son todos parte de un mismo catastro, pero en las boletas aparece como si hubiera subdivisiones.

Ni las administraciones municipales, ni mucho menos las empresas prestadoras de servicios, pueden alterar unilateralmente los registros de inmuebles creando nuevos catastros. Para concretar la subdivisión de un catastro se deben seguir pasos administrativos ante el municipio y la provincia y, en todo caso, el trámite debe ser realizado por el titular del inmueble.

Según estimaciones al menos 10 mil catastros que no existen en Inmuebles figuran en los registros de la municipalidad de Salta y de EDESA. Se trata de subdivisiones irregulares no registradas por las que, tanto el municipio como la empresa de energía, cobran impuestos adicionales a propietarios. La existencia en sí misma de estos supuestos catastros no reconocidos por el organismo competente con sus nomenclaturas truchas, constituye una ilegalidad flagrante, cuando no una estafa lisa y llana, a juicio de más de uno.

Dos cuestiones quedan claras en esta maniobra: cualquier subdivisión de donde aparezca un nuevo catastro es facultad de la Provincia, a través de Inmuebles. Las segunda es que el impuesto inmobiliario lo determina y cobra la provincia a tras de su Dirección de Rentas.

A ello hay que agregar lo que parece un desconocimiento del Concejo Deliberante que debe legislar sobre cualquier novedad impositiva en el  municipio capitalino. Hasta el momento ningún concejal se expidió sobre el particular, lo que hace suponer que el Ejecutivo a cargo de Bettina Romero ha actuado en esta oportunidad saltando todas las normas para cobrar un tributo injustificado.