Como un rotundo fracaso puede catalogarse el intento de la cúpula municipal de Hacienda al intentar justificar el cobro indebido del impuesto inmobiliario en las boletas de luz, que emite Edesa.

En una reunión convocada al solo efecto de tratar de explicar lo inexplicable, los funcionarios municipales encabezados por Daniel Nallar, solamente pudieron esgrimir la intención de habilitar un registro para recibir quejas de los contribuyentes malhumorados.

Nada les salió bien a los escuderos de Bettina Romero en la ocasión, hasta los pocos concejales presentes se quejaron que no habían sido invitados a tratar un tema que los debería tener como principales interesados. Como si fuera poco, el presidente del Ente Regulador, Carlos Humberto Saravia, desestimó todos los intentos municipales para proseguir con el cobro indebido.

Saravia, “Uluncha” para quienes lo conocen en su largo caminar por los terrenos de la política, es un avezado conocedor del paño en los círculos del poder. Al término de la reunión que esperaba una suspensión inmediata del cobro indebido y no un intento de burocratizar los reclamos ciudadanos de quienes advirtieron la maniobra ahora puesta al descubierto.

Saravia, de origen radical, dijo que pidió que Edesa revide los cobros en la boletas de luz, cuyo próximo cierre está previsto para el 15 de junio. De persistir la empresa energética con la facturación solicitada por la Municipalidad, el funcionario aseguró que pedirá la suspensión del convenio entre ambos rubricados en tiempos en que Miguel Isa era el hombre fuerte del municipio.

Como si fuera poco, el titular del Ente, abogado de profesión, enfatizó que Edesa no puede seguir utilizando la palabra catastro en sus boletas y debe cambiar por el término "unidad parcelaria provisoria".

En tanto, para La concejala capitalina de Salta Independiente, Paula Benavídez el Departamento Ejecutivo Municipal pretendió ignorar a los concejales en el tratamiento del caso de las facturas de cobros indebidos. "Prácticamente entramos a la reunión de colados", aseguró en referencia a sus colegas José Gauffin y José García, "con quienes nos enteramos extraoficialmente de esta reunión y decidimos participar".

Benavídez aseguró que los funcionarios municipales participantes le confirmaron que existen más de 500 denuncias de usuarios que entienden que han sufrido una doble y hasta triple imposición tributaria. También dijo que le informaron que se efectuó un alta provisoria de contribuyentes, "una cifra cercana a los 48.000", a lo que en un primer momento se los catalogó como catastros "lo que indujo al error entre los contribuyentes". Benavidez se manifestó partidaria de reintegrar los cobros indebidos, ya sea como una nota de crédito u otro mecanismo.

Nada le salió bien a los funcionarios municipales, el titular del Ente, que integra el círculo cercano al gobernador Gustavo Sáenz y los concejales asistentes cuestionaron el manejo del tema que ya mereció la reprobación de los ciudadanos, por lo menos de los afectados que son bastantes. Habrá que ver si la administración de Bettina Romero logra capear este temporal, ya que de no hacerlo seguramente deberán rodar cabezas en el Centro Cívico Municipal.