La alianza, promovida desde el Estado, entre empresarios y trabajadores, sellada en 1973 a instancias del ministro Gelbard, logró la mayor distribución del ingreso de la segunda mitad del siglo XX. Al margen del contexto de crisis internacional que signó la época, su fracaso no fue técnico sino político: no pudo sobrevivir a la muerte de Perón.
El 6 de junio de 1973, apenas diez días después de la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia, el tercer gobierno peronista, anunciaba la firma del célebre Pacto Social, ante la Asamblea Legislativa, por parte de la CGT y la CGE, en un solemne acto en el que quedaba clara la centralidad que el flamante gobierno le daba a este instrumento de concertación. Pero se trataba de algo más que una solemnidad. Era el corazón del proyecto que Juan Domingo Perón, después de 18 años de proscripción, tenía para ofrecer a un país con espiral inflacionaria por puja distributiva y un proceso de polarización y fragmentación ideológica imposibles de detener.
Con el Pacto Social, el tercer gobierno peronista intentaba delinear un programa económico que tenía como punto fundamental recuperar a favor del trabajo la distribución de la riqueza, que durante los años de la proscripción del peronismo había registrado un descenso en la participación del ingreso nacional por parte de los asalariados del 50 por ciento en 1955 al 36 en 1972. El objetivo era llegar en cuatro años al célebre “fifty-fifty”, en 1977.
Pero detrás de ese principio macro, el plan económico incluía una serie de principios y medidas económicas a implementar:
- aumentos masivos de salarios y sueldos –un 20 por ciento sobre el salario mínimo, un 13 por ciento aproximadamente del promedio salarial general y 28 por ciento para los jubilados–, acompañado de un congelamiento de ingresos por un año, cuando se podían abrir las paritarias nuevamente;
- congelamiento de los precios de la canasta familiar, aumento de los servicios públicos y de las tasas impositivas (hasta un máximo de 13 por ciento);
- reposicionamiento del Estado como planificador y ejecutor de grandes proyectos económicos y sociales, y fortalecimiento para regular el crédito oficial dirigiéndolo hacia el fomento de la industria argentina, para restablecer el equilibrio fiscal y alcanzar el saneamiento administrativo;
- contención de la inflación del 62 por ciento anual, que generaba el cuello de botella productivo del modelo industrialista argentino.
NOTAS Y POSIBILIDADES
El Pacto Social se enmarcaba en el programa electoral del Frente Justicialista de Liberación con el que se habían ganado las elecciones el 11 de marzo de 1973, e incluiría, también, el Plan Trienal, cuyo objetivo era dinamizar la economía, que había sido monopolizada por capitales extranjeros, para redirigirla hacia el conjunto del sector productivo nacional.
Pero el Pacto Social también exigió la sanción de instrumentos legales pertinentes. En cuanto a la industria, recibió incentivos a través de la Ley 20.560 para la promoción de nuevos emprendimientos; la Ley 20.568 para apoyo a la pequeña y me diana empresa, así como la 20.545 de protección de la industria nacional, mediante la promoción del compre argentino. Además, se reformó la legislación impositiva y financiera para dirigir el crédito hacia los sectores de interés nacional de tal manera de crear las condiciones para cambiar el rumbo de la economía restableciendo el viejo proyecto nacional de desarrollo industrial, de creación de empleos y de distribución equitativa de la riqueza.
El plan estimaba una tasa de crecimiento anual del 7,5 por ciento acumulativo.
En cuanto al comercio exterior, el gran desafío que Perón le había encomendado al ministro Gelbard, meses antes de la asunción de Cámpora a la presidencia, consistía en la captación de mercados no tradicionales, como los países del Este y del Tercer Mundo; abrir una agenda de trabajo con los países socialistas, especialmente con la URSS, Cuba y China. En rigor, su gestión durante el mandato de Cámpora, la presidencia del General y hasta los primeros meses del gobierno de Isabel estuvo caracterizada por estimular la diversificación del comercio exterior, favoreciendo el desarrollo industrial interno con grandes beneficios económicos para los empresarios nacionales. Se apuntaló la producción agraria para desarrollarla hasta sus máximas posibilidades, incorporando zonas marginales e incentivando el mejor aprovechamiento de la tierra.
El economista Mario Rapoport, en una entrevista realizada con el autor años atrás, explicó que el Pacto Social “consistió en la idea de reconstruir una alianza entre la burguesía nacional y el sector sindical, una idea que al propio Perón siempre le falló porque la pata de la burguesía no le permitió implementar ese
pacto en el 45. En el 73, lo tiene a Gelbard, que ya forma parte de un grupo empresario importante y al mismo tiempo comanda la confederación de la pequeña y mediana empresa. Y, por otro lado, con los sectores de la vieja burguesía industrial que están bastante golpeados por las políticas de extranjerización de empresas del desarrollismo de Arturo Frondizi, primero, y de las políticas de Adalberto Krieger Vasena, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. La UIA está golpeada desde el punto de vista político, porque la que dirige la economía políticamente era claramente la CGE. Pero el gran problema fue político: el Pacto contó con el apoyo del grupo Gelbard y por otro lado por la CGT, liderada por José Ignacio Rucci, y un sindicalismo conservador, podríamos decir, pero faltó el apoyo del sector más dinámico, que era la izquierda peronista. Pero más allá de las desinteligencias internas y de los sabotajes de los especuladores, se registraron dos factores externos que influyeron en la suerte del plan económico: uno es político, el golpe de Estado en Chile, y el segundo es económico, la crisis del petróleo.
Pero aun así todavía se mantiene la estabilidad. El tiro de gracia fue la muerte de Perón.
Era el único que tenía autoridad política para equilibrar los intereses en pugna”.
INTERESES EN JUEGO
Al recorrer la argumentación de Rapoport se puede encontrar indicios de la falta de apoyo político al Pacto de parte de la izquierda peronista. Los diarios de la época recogen muchas de esas interpretaciones. Porque a pesar de los acuerdos logrados por el Pacto Social, los sectores del trabajo continuaban en un estado de gran agitación y se registraban numerosas tomas de fábricas, de hospitales y otros servicios públicos para exigir reivindicaciones laborales. Los medios de comunicación expresaban el malestar social ante estos hechos. El Descamisado, por ejemplo, un órgano de prensa que respondía a Montoneros, justificaba las tomas y definía al Pacto Social como una renegociación de la dependencia.
Pero esa falta de apoyo de la izquierda no era el único problema político que enfrentó el plan de gobierno. Los sectores más ortodoxos tampoco colaboraron a pacificar y generar el aura de autoridad que necesitaba Perón para empoderarse. Los enfrentamientos en Ezeiza, apenas unos días después del lanzamiento del plan, la crisis de gobierno desatada que culminó con la renuncia de Cámpora, el tembladeral del gobierno de Raúl Lastiri, la campaña electoral de Perón, el asesinato de Rucci y el desencuentro final entre el General y Montoneros fueron los hitos de una incomprensión generalizada que impidió que Perón pudiera convertirse en el garante del Pacto. Aun así, el Pacto Social sobrevivió al propio Perón y fue descuartizado ya en 1974 por María Estela Martínez como presidenta y a instancias de José López Rega, enemigo declarado de Gelbard.
El economista Carlos Leyba, ex subsecretario de Economía de Gelbard y redactor del documento del Pacto Social, en una entrevista personal con el autor nunca publicada, realizada hace ya más de una década, realizó una evaluación de aquellos años: “Tuvimos errores, desde ya, pero de lejos, fue la política económica más creativa y más transformadora para el tiempo que duró el Pacto. Si uno repasa las leyes, muchas de las cuales se pusieron en marcha y otras no se pudieron aplicar, resulta más importante todavía. Hoy serían vistas todas como revolucionarias: la corporación de la pequeña y mediana empresa, que era una especie de entidad que agrupaba la capacidad de venta y compra de las pymes, la corporación de empresas del Estado, que era una réplica del modelo italiano, la ley de la cédula fiscal, la ley de inversiones extranjeras. A los pocos meses del Pacto no podíamos creer que hubiera sido posible, pero había sido un éxito el programa, la realización del Plan Trienal, las miles de reuniones en todo el país, con los empresarios, con los jefes militares, para decidir qué hacer en cada lugar de frontera, cuál era la prioridad, establecer los sistemas de prioridades con dirigentes locales que estaban interesados en la realidad del país. Cuando todo parecía un éxito, justo entonces sucede la muerte de Rucci, y eso fue letal para el Pacto Social porque Rucci era el jefe, era el líder sindical más comprometido con el Pacto Social. Él sabía lo que le iba a pasar. En mayo del 73, cuando firmamos el acta de compromiso, yo recogía las firmas de todos, llego a Rucci y me dice: ‘Al firmar esto, acaba de dictar mi sentencia de muerte’. Lo dijo un hombre que tenía cinco guardaespaldas en esa misma sala donde firmábamos el documento. A mí se me heló la sangre y nunca me voy a olvidar, fue tétrico, lo dijo y se cumplió. Y vos veías que se iba a cumplir. Él anunció su muerte, era un sostén vital en ese programa, él lo veía, era un tipo nacionalista, peronista, de la integración de clases del peronismo, antizurdo, venía de ‘ni yanqui ni marxista, peronista’, líder sin ninguna duda, y nosotros con él teníamos la garantía de un control del movimiento obrero muy fuerte, y sin ese control del movimiento obrero, era muy difícil dar la pelea con el sector empresarial. Y a partir de ahí tuvimos muchos problemas, José López Rega comenzó a tejer sus redes en el movimiento obrero y se nos fue de las manos”.
–Del análisis de por qué no funcionó el Pacto Social no se puede excluir los problemas que generó la explosión de los precios internacionales.
–Recibimos una inflación infernal, logramos reducirla un 40 por ciento en unos meses. Pero la crisis del petróleo en diciembre del 73, desatada por la suba del precio del crudo por los países productores, arrastró todos los precios. La Argentina dependía del petróleo y de todos los insumos petroquímicos, y explotaron en un 900 por ciento, era inimaginable. Después las cosas se desbarataron, tuvimos que hacer nuevas rondas de las paritarias y de concertación de precios. No teníamos ningún control y no podíamos preverlo.
–Hacia febrero de 1974 ya había denuncias de falta de productos.
–Y era obvio, pero ya había estallado el precio del petróleo. La administración de ese proceso fue muy difícil. Si hubiéramos podido durar más, lo hubiéramos dominado porque lo peor que podés hacer con un sistema es abandonarlo. Pero con todas las fallas que pueda tener, los resultados fueron que bajamos la inflación a la mitad, logramos que el salario no aumentara, tuvimos varios períodos en que el dólar paralelo era más bajo que el dólar oficial, aumentamos las exportaciones dramáticamente, mejoramos la tasa de empleo al 2 por ciento, llevamos la pobreza al 5 por ciento. Y, bueno, después se muere Perón. Duramos apenas tres meses, pero ya sin ningún poder. El fracaso del plan fue político, no técnico.
UN PACTO PARA VIVIR
La suerte del único Pacto Social “oficial” en la historia del siglo XX permite plantear la pregunta central que arroja su experiencia: ¿es posible pactar en la Argentina? ¿Por qué no es posible ese pacto? ¿Quiénes estarían en condiciones de pactar? ¿Ha habido pactos sociales preexistentes? A partir del surgimiento de la “cuestión obrera” a fines del siglo XIX, el capitalismo ha sido permanentemente traccionado por las luchas entre la burguesía y el proletariado, entre distintas fracciones de capital de la economía, entre pujas distributivas y, al mismo tiempo, tensionado por el unicornio azul de la posibilidad de la alianza de clases, concepto impulsado por la Doctrina Social de la Iglesia a partir de 1891, en la encíclica Rerum Novarum, del papa León XIII.
Es posible ensayar alguna respuesta de la imposibilidad o gran dificultad de pacto social en la Argentina. Pero antes, es necesario dilucidar quiénes serían los opuestos en la dialéctica hegemónica. Sin duda, a lo largo de la historia dos grandes sectores se han presentado con capacidad de disputar la hegemonía: la clase dominante surgida de la organización nacional y sostén del modelo económico agroexportador –el sector agropecuario y las empresas de capital concentrado–, por un lado, y una heterogénea y dudosa alianza de sectores entre una burguesía industrial siempre incipiente y los sectores del trabajo.
Una cuestión que es necesario aclarar es qué características debe tener un pacto para que pueda ser considerado como tal. Y quizá la condición más importante es la renuncia del interés propio y sectorial en función de un bien superior, por ejemplo, el bien del país, la nación, el “futuro de nuestros hijos”, por ejemplo. Pero no hay posibilidad de pacto sin desprendimiento, sin renuncia al egoísmo, un pacto nunca puede basarse en la sola renuncia del otro. En ese sentido, puede pensarse que el único pacto social del siglo XIX, posterior a la organización nacional, que la ley de educación universal.
Desde su ingreso a la política nacional, a mediados de la década del 40, el peronismo se convirtió en el “espíritu pactista” por excelencia en el siglo XX. El propio Perón explica en varios de sus discursos –fundamentalmente en La comunidad organizada –
de qué manera la alianza de clases, como cristalización
de un pacto social permanente, funciona las veces de equilibrio garantizado por el Estado. Y ese espíritu de colaboración y solidaridad se justifica a través de la noción de patria, nación, país, etcétera, y se vehiculiza, fundamentalmente a través de un tipo específico de aparato estatal: el Estado de Compromiso
o el Estado de Bienestar. Es en el marco de estos conceptos que en 1973 se pensó el acuerdo entre sectores para frenar la espiral inflacionaria desatada por puja distributiva. Y también fue en este mapa conceptual que el peronismo planteó la necesidad de nuevos pactos de 1973 a la fecha: la Mesa del Diálogo, de 2002; la oferta de pacto social permanente que significó el kirchnerismo hasta 2015, y los discursos que en ese sentido emite permanentemente el presidente Alberto Fernández.
La pregunta de si es posible un pacto social en la Argentina tiene una contrapregunta que responde, de alguna manera, la inquietud principal: ¿quisieron o quieren las elites dominantes pactar con los sectores populares? Y la segunda pregunta, de mayor actualidad en estos términos, es la siguiente: en tiempos de deterioro del Estado Nación como centro aglutinante de significado, ¿qué obliga a las partes a renunciar a sus intereses personales? ¿Es posible hoy un pacto social teniendo en cuenta la declinación del sentido del término “Patria”?
