La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que habilitó una fuerza de seguimiento de las actividades civiles en las redes sociales, con el objetivo de evitar delitos contra el Estado.

La primera reacción que tengo es que está bien, es más, estoy sorprendido que no existiera y desde antes, este equipo de investigadores informáticos.

Pero la novedad tiene inconvenientes formales y operativos que no pueden dejarse pasar.

En primer lugar, no es el Ministerio de Seguridad el que debe efectuar el seguimiento de estos recursos privados de comunicación, sino el Poder Judicial.

Definamos “Ciber patrullaje”. Se trata de la actividad de vigilancia que las fuerzas de seguridad realizan para “encontrar”, mediante diferentes metodologías, delincuentes que operen en estos recursos. Visto así, rápidamente uno se pone del lado de las víctimas de la trata de personas, de la lucha contra los pedófilos, de la lucha contra el narcotráfico entre otras.

El problema es que lo propuesto es lo que en la jerga se llama “salir a pescar”. Meterse en los correos de alguien “pispeando” qué está haciendo alguien. En principio, se trata de actividades privadas y como tales requieren de órdenes judiciales para poder violentar el derecho a la privacidad que goza cada individuo. No estoy defendiendo a estos depravados y traficantes, estoy explicando que la sociedad se dio una serie de regulaciones para que el accionar del Estado no violente la privacidad de aquellos que no somos delincuentes. Para atrapar a un delincuente no podés andar por la vida espiando a todo el mundo.

Los “Servicios” han, y siguen, espiando las alcobas de cada político desde siempre. No es un acto privativo de los “solapas” argentinos, sucede igual por todos lados. De allí a las extorsiones solo falta un Fiscal corrupto. 

La proliferación de las cámaras de vigilancia multiplicó el poder de control, seguimiento e intromisión muchas veces, pero no debería difundirse el contenido sin la aprobación del particular o sin la orden de un juez.

La navegación, la actividad en grupos privados en redes sociales, son actos privados no públicos; sin embargo, el control, de acuerdo a lo que se conoce del protocolo de Bullrich, podría hacerse igual ante la “supuesta amenaza”.

El mundo cibernético ha creado un nuevo monstruo, la necesidad psicológica de aprobación social, interpretándola como la aprobación del grupo.

Las redes no son neutras. Los algoritmos eligen según tu elección histórica quienes acceden prioritariamente a tu perfil y a quienes ellos, un ELLOS muy indeterminado, le presentarán tus “posteos”.

Pero la peor parte de este ciber patrullaje radica en que esto ya se está realizando, y no por el Estado regulador de las privacidades. Cada vez que ingresamos en alguna de las plataformas te pide que aceptes su reglamento. En él defiende tu integridad ciudadana, sin embargo, tus datos, aquellos que vos aportas con total generosidad, comienzan a viajar por la nube de agencias y empresas, encontrando tus patrones de conducta que ayudarán a “ofrecerte un mejor servicio”, “un mejor producto”, “un mejor candidato a novio o presidente”. Y aquí la pregunta fundamental es: ¿Mejor para quién?

Comenzamos con el control de los ciber ataques de los “hackers”, a las estafas digitales, pusimos anti virus en nuestras computadoras, pero ahora terminamos no ya diciéndole a los administradores lo qué nos gustaría, sino pidiéndoles que nos vendan nuestras vidas y aprobaciones sociales a cambio de su control.

La mejor dominación está en marcha toda velocidad, aquella que nos convenció que está bien ser dominados por quienes nos “protegen” con sus algoritmos. Open AI (la Inteligencia Artificial) está potenciando el control negativamente.

Del ciber patrullaje a la ciber esclavitud nos costó 20 años. Ya llegamos.