Como es sabido, los sectores republicanos de la Argentina lograron introducir en la Constitución reformada en 1957 (artículo 14 bis) un concepto amplio de Libertad Sindical, formulándolo en términos compatibles con el ideario fundacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, tal construcción jurídica no pudo -desde entonces- desplegarse en toda su amplitud, dada la potencia del modelo sindical peronista nacido en 1944. Recuérdese que este modelo fue convalidado por tres gobiernos: Dos radicales y uno encabezado por Mauricio Macri.

Los conceptos de autonomía, democracia interna, pluralidad y federalismo (que forman parte del contenido esencial del principio de Libertad Sindical) fueron opacados por la subordinación de la organización sindical más representativa a los dictados del partido del que era y es columna vertebral.

En los hechos, una enorme cantidad de trabajadores están “atrapados” por la unicidad (el Estado cuida que los intentos pluralistas no logren la “simple inscripción”), el unitarismo (las seccionales provinciales son, las más de las veces, elementos decorativos), la instauración de dinastías, la falta de transparencia y el verticalismo. Los trabajadores de la minería en la región del litio son han comenzado a padecer estas lacras.

Frente a este panorama la gran patronal osciló -históricamente- entre la represión (que en épocas de dictadura se transformó en terrorismo de Estado) y el compromiso con las cúpulas sindicales que, mientras cuidan su hegemonía sobre las Obras Sociales, se avienen a reducir la negociación colectiva a la fijación de salarios al ritmo de la inflación.

Las intentonas pluralistas del siglo XX, inspiradas casi siempre por Germán López (UCR), fracasaron pronto. Sólo perduró la instada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), cuya inscripción fue admitida por el gobierno Menem. A su vez, los avances que en esta dirección venía convalidando la CSJN se detuvieron.

En este escenario, el macrismo -con el beneplácito de la derecha política que imagina que desplazadas las actuales cúpulas harán su ingreso las izquierdas (“la marea roja”)- se esforzó en mantener las líneas maestras del modelo sindical peronista.

En este contexto, la actual Secretaría de trabajo del presidente Milei ensaya tímidos avances en aspectos legales sofisticados (por ejemplo: autoriza compulsar la representatividad de los metrodelegados en Subterráneos de Buenos Aires; o frena el expansionismo de camioneros). Pero se trata de avances que son sepultados por una firma vocación antisindical, cuando no directamente anti obrera o abiertamente contrarias a la Constitución Nacional.

En tanto, otros sectores de la derecha republicana están impulsando el así llamado proyecto FINOCHIARO, que apunta a cercenar los derechos de huelga y protesta de los docentes argentinos, como una forma de responder a ciertos usos abusivos de estos derechos. Si bien este proyecto muestra un mayor cuidado por la técnica jurídica, choca abiertamente con los principios enunciadas por el citado Comité de Libertad de la OIT.

Puede que en este proceloso terreno haya mucha “hojarasca”. Pero los problemas de fondo en la representación obrera, la negociación colectiva, la salud de los trabajadores, los riesgos del trabajo y la huelga devienen del apartamiento deliberado del concepto de Libertad Sindical construido por la OIT y recogido en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

El presidente Milei y su equipo deberían reflexionar en el sentido de que en el mundo moderno los sindicatos libres y democráticos cumplen un papel central y no es admisible que los gobiernos intenten asfixiar sus estructuras de representación y conflicto.

Compatibilizar el derecho de huelga con el derecho a la educación, por ejemplo, no demanda aventuras regulatorias ni desregulatorias. Tampoco hacen falta para promover la democracia sindical. Bastaría con cumplir y hacer cumplir la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT, abrir cauces a la federalización y atender los miles de pedido de inscripción gremial.

Fue ministro de trabajo (1994/1997)

Salta, 14 de agosto de 2024.