El viejo año se retira, no muy dignamente, asistiendo al parto de un 2019 al que no le deja una herencia muy prometedora.
Enero de 2018 comenzó con un despido resonante (conocido eufemísticamente como “renuncia”): el del presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, a raíz de los sorpresivos anuncios realizados el 28 de diciembre (día de los inocentes) por el equipo económico; anuncios que modificaron drásticamente las pautas económicas programadas poco tiempo antes. El mercado laboral no iba resultar ajeno a ese cimbronazo.
Pero enero también tuvo su nota de color con la sorpresiva detención, en Uruguay, de Marcelo Balcedo, “sindicalista y empresario” (aunque parezca contradictorio, así lo caracterizan los diarios uruguayos), acusado de lavado de dinero. Balcedo es un ingeniero, con posgrados en EEUU, que poco tiene que ver con el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), que “heredó” de su padre. Además de una flota de autos de altísima gama se le encontró un arsenal de armas y U$ 500.000 en efectivo (para tener para el cambio ¿vio?).
Otra vez sopa
Ya promediando el año, poco después de celebrarse el Día del Trabajador, el gobierno de Mauricio Macri retomó el proyecto de ley de reforma laboral que había sido postergado en diciembre del 2017 por el intenso clima de protestas generado por la llamada “reforma previsional”. En otras notas hemos remarcado que el dichoso proyecto además de perjudicar a los trabajadores, también es nocivo para las pequeñas empresas y es inconducente para un hipotético despegue de la economía. Tampoco en esta oportunidad el gobierno logró consenso político para una reforma atemperada, ni siquiera para avanzar sobre el blanqueo que muchos sectores consideran un paso necesario para reducir los números del escandaloso trabajo no registrado que oprime a nuestro mercado laboral.
Salvo ese intento reformista el gobierno no demostró ninguna imaginación a la hora de proponer soluciones a los acuciantes problemas que enfrentan tanto trabajadores como empleadores. En esta agitada inacción (valga el oxímoron) el Congreso fue un “brillante” partenaire, sin aportar una sola ley que mejore la actual legislación laboral.
La herencia recibida
El 2019 no viene con un pan bajo el brazo (¡al precio que esta el kilo de harina, qué bien vendría!), sino con un lastre de datos económicos que entristecen. Parece una ironía pero este año comienza con la esperanza de que ya hayamos caído en el fondo del pozo y ahora sea solo cuestión de empezar a trepar, mirando hacia arriba (nos entendamos; mirar hacia arriba no es por optimismo: ¡solo un milagro nos hará salir del hoyo!).
La primera referencia que vamos a tomar es el de la continua caída del empleo, aunque no abrupta, sí persistente. El dato del INDEC es que a noviembre pasado el total de trabajadores registrados sumó 12.335.700. Los registrados de dependientes del sector privado son 6.185.922 (set-18), mientras que en enero de este año los registrados eran 6.309.420. La pérdida total de empleos (aproximadamente 200000 puestos perdidos) sería mayor si no se hubieren incrementados por el monotributo y monotributo social, otras 63.000 en el sector público y 32.000 entre el personal doméstico. Señala el investigador Ismael Bermúdez que, a su vez, según el INDEC, cuatro de cada 10 puestos de trabajo de asalariados privados está “en negro” y que lideran la informalidad laboral los hogares con personal doméstico, el campo y la construcción, que llegan a tener más puestos de trabajo asalariados “en negro” que “en blanco”.
Bueno no será cuestión de fe, si no de que los argentinos empecemos –por lo menos- a tomar conciencia que la informalidad en la economía es dañosa para todos, pero la informalidad en el trabajo es lisa y llanamente un crimen que priva a los trabajadores de protección de la enfermedad a través de las ART y las Obras Sociales, acceso a una jubilación, derecho a asignaciones familiares y –lo que es más grave- de su dignidad como persona y como trabajador.
Publicado en Diario El Tribuno de Salta
