Un juzgado laboral suspendió la aplicación de los decretos reglamentarios que limitaron la base de cálculo de las contribuciones solidarias y excluyeron conceptos como las horas extras, el aguinaldo y las sumas no remunerativas. El fallo favoreció a la UOMA, que cuestionó la constitucionalidad de la reglamentación del Gobierno, pero no el tope del 2% establecido por la Ley de Modernización Laboral.

La Justicia laboral hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) y suspendió la aplicación de los decretos 407/2026 y 612/2026, mediante los cuales el gobierno de Javier Milei reglamentó el límite del 2% para las contribuciones solidarias y aportes sindicales previstos en los convenios colectivos de trabajo.

La resolución fue dictada este miércoles por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 73, en el marco de la causa iniciada por el sindicato contra la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). La representación legal de UOMA estuvo a cargo del abogado laboralista Pablo Topet.

La particularidad del planteo sindical es que no cuestionó la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral ni el tope del 2% que introdujo para las contribuciones solidarias, sino la reglamentación del Poder Ejecutivo por haber reducido la base de cálculo mediante la exclusión de distintos componentes salariales.

En concreto, los decretos cuestionados establecieron que las contribuciones debían calcularse sobre el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual. De esa manera, dejaron afuera conceptos como las horas extras, el sueldo anual complementario (aguinaldo), el plus vacacional, los premios, los bonos y las sumas no remunerativas.

UOMA sostuvo que esas restricciones no surgen del texto de la ley, que establece el límite del 2% sobre las remuneraciones de los trabajadores, y consideró que el Poder Ejecutivo se excedió en sus facultades reglamentarias al introducir limitaciones que el Congreso no había establecido.

Aportes sindicales: la disputa por la base de cálculo

El conflicto tiene como antecedente una contribución solidaria acordada entre UOMA y FAIM en 2005, homologada mediante la Resolución 262/05 de la Secretaría de Trabajo. La cláusula, denominada «Cuota Usufructo», establece un aporte del 2% sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales sujetas a aportes y contribuciones de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 66/89 que no están afiliados al sindicato.

Según expuso la organización gremial, esa disposición nunca fue denunciada y se aplicó ininterrumpidamente desde su homologación. Además, los acuerdos salariales posteriores contemplaron expresamente que las sumas no remunerativas también fueran consideradas para el cálculo de la contribución.

Al analizar el planteo, el juzgado consideró que la documentación presentada acreditaba la existencia de una cláusula convencional vigente y que la controversia se encontraba circunscripta a la base sobre la que debía calcularse la contribución, dado que el porcentaje pactado no superaba el límite legal del 2%.

En ese sentido, el magistrado advirtió que la reglamentación incorporó exclusiones que no surgen expresamente de la ley y señaló que su aplicación podía afectar la autonomía colectiva de las partes que negociaron y homologaron el convenio.

El impacto sobre el financiamiento sindical

Otro de los argumentos centrales que tuvo en cuenta la Justicia fue el posible perjuicio económico que podía ocasionar la aplicación inmediata de los decretos.

El fallo, al que tuvo acceso Mundo Gremial, consideró que la reducción de la base de cálculo impactaría directamente sobre los recursos que UOMA percibe mediante la contribución solidaria y que su posterior recupero frente a una multiplicidad de empleadores y trabajadores resultaría dificultoso.

También advirtió que las restricciones podían condicionar las negociaciones salariales que las partes mantenían abiertas para acordar los siguientes tramos de actualización.

La resolución incorporó además referencias a los criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce que corresponde a las propias organizaciones decidir si reciben financiamiento para desarrollar actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos humanos y sindicales.

En ese marco, el juzgado consideró que estaban acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora necesarios para conceder la medida cautelar.

Qué resolvió la Justicia

Finalmente, el Juzgado del Trabajo N.º 73, admitió la medida cautelar y dispuso suspender la aplicación del artículo 7 del Decreto 407/2026 y del artículo 1 del Decreto 612/2026, en cuanto incorporaron y modificaron el artículo 6 bis del Decreto 199/88, respecto del CCT 66/89 de la rama molinos harineros.

Como consecuencia, la contribución solidaria acordada entre UOMA y FAIM continuará calculándose sobre la base establecida convencionalmente, incluyendo los conceptos que la nueva reglamentación había excluido.

La decisión tiene carácter cautelar y no representa todavía una declaración definitiva de inconstitucionalidad de los decretos. La discusión de fondo continuará durante el proceso judicial, en el que deberán analizarse los argumentos de ambas partes antes de dictarse una sentencia definitiva.

De todos modos, el pronunciamiento abre un antecedente judicial en la discusión sobre el alcance de las facultades reglamentarias del Gobierno y las restricciones introducidas sobre el financiamiento de las organizaciones sindicales.

Fuente: Mundo Gremial