La Asamblea Multisectorial analiza la judicialización por violar la decisión del Congreso. El impacto en las provincias es inmediato. Para Salta, se firmó el 17 de septiembre la resolución que ordena el cierre de la sede del INTI en Vaqueros.

Se trata de una oficina estratégica: ubicada cerca de las universidades de la zona norte de la capital salteña, contaba con laboratorio de robótica, impresora 3D y salón de usos múltiples, todo provisto por la Municipalidad y sin erogación presupuestaria para el organismo.

La decisión, que desarticula un nodo clave para la vinculación tecnológica en el NOA, fue recibida con indignación por los trabajadores. “Las PyMEs del interior necesitan asistencia técnica más que nadie. No tiene lógica cerrar una oficina que no genera gasto y que, al contrario, era un puente para acercar innovación al territorio”, subrayó la fuente consultada.

La situación en Salta se suma a la de otras provincias, donde también se interrumpieron proyectos, se redujeron equipos y se frenó la expansión de delegaciones.

La pérdida del futuro: becas y jóvenes investigadores

Uno de los puntos más críticos es la suspensión de las becas y la falta de renovación de contratos. Según confirmaron fuentes del organismo, un 30% del personal se ha desvinculado desde el inicio de la gestión Milei, y lo que más duele es la pérdida de los jóvenes.

“Los retiros anticipados de personas próximas a jubilarse son dolorosos, pero asumibles. Lo grave es que se interrumpen las becas y los jóvenes formados se quedan sin posibilidad de incorporarse. Es perder el futuro del INTI”, remarcan.

La lógica de reemplazar contratos temporales por empleos estables fue rota: hoy, becarios que habían mostrado compromiso y vocación quedan fuera del sistema, mientras el organismo pierde capacidad de renovación y continuidad en líneas de investigación.

Una política de tierra arrasada

El vaciamiento del INTI no es un hecho aislado. Forma parte de una política más amplia de ajuste y reducción del Estado que afecta a sectores sensibles: jubilados, personas con discapacidad, ciencia y tecnología, producción nacional y organismos como éste, el INTA, entre los más reconocidos y de referencia.

“Si le sacan la comida a los jubilados y a las personas con discapacidad, ¿cómo no nos van a pegar a nosotros?”, reflexionó un referente salteño en diálogo con Nuevo Diario.

El cierre de sedes, la pérdida de jóvenes profesionales y el retroceso en la capacidad tecnológica no son sólo un problema para los trabajadores del INTI. Son, en palabras de los propios investigadores, un “tiro en el pie” para la Argentina productiva.

La Asamblea Multisectorial ya analiza la judicialización de estas medidas por violar la decisión del Congreso. “El gobierno está desconociendo la división de poderes. Viola la ley al imponer de facto lo que ya fue rechazado por Diputados, Senadores y la Justicia”, remarcan en un comunicado.

Al mismo tiempo, los trabajadores llaman a una nueva movilización para el 25 de septiembre, en el Parque Tecnológico Miguelete (PTM) y en todo el país, bajo la consigna de defender un INTI “autónomo, autárquico y federal, al servicio del desarrollo soberano”.

Fuente: Nuevo Diario de Salta