La crueldad como política de Estado: Desfinanciamiento, encierro y el fin de la salud mental comunitaria.

1. LA INTEMPERIE SILENCIOSA: POR QUÉ EL SUFRIMIENTO INFANTIL NO ES UN TRASTORNO

 

No es ruido. No es “falta de límites”. No es adicción. El sufrimiento de las infancias y adolescencias argentinas en 2026 tiene la textura de una intemperie silenciosa. Hay adultos que miran pantallas mientras los chicos se caen por dentro. Hay escuelas que ya no pueden contener porque ellas mismas están siendo desmanteladas. Hay un clima de época que, como describe el filósofo Byung-Chul Han, se ha endurecido hasta volverse cruel, expulsivo e indiferente a la fragilidad.

 

Esa crueldad no es solo retórica. Se encarna en políticas concretas: en los primeros meses de 2026, el gobierno nacional impulsó dos reformas legislativas que sellan el destino de los más vulnerables. Por un lado, la Ley 27.801 reduce la edad de imputabilidad penal a los 14 años, consagrando la lógica de “delito de adulto, pena de adulto”. Por el otro, propone una modificación silenciosa pero devastadora de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 que habilitaría internaciones forzadas sin control interdisciplinario, desmantelando el modelo comunitario que tanto costó construir. Ambas leyes comparten un mismo corazón: criminalizar la pobreza, encerrar en lugar de cuidar.

 

Mientras tanto, la opinión pública reclama justicia con urgencia, pero exige respuestas lineales: “prohibamos los celulares”, “es culpa de los videojuegos”, “los padres no educan”. Estas lecturas, comprensibles en su angustia, repiten la lógica causalista que la epidemiología crítica -esa que Jaime Breilh sintetiza en el concepto de “determinación social”- ha mostrado como insuficiente y peligrosa. Porque el sufrimiento adolescente no es un trastorno individual ni un efecto directo de la tecnología. Es un fenómeno socialmente determinado por procesos generales (acumulación digital, ajuste económico, lógicas de ultraderecha), particulares (familias y escuelas desfondadas) y singulares (cuerpos y psiques que pagan el costo de un mundo que ya no quiere hacerse cargo de sus criaturas).

 

Este artículo propone una lectura diferente, desde la salud mental comunitaria: despatologizar para politizar, mirar la estructura sin perder de vista el cuerpo que sufre, y señalar sin rodeos que el Estado argentino -con sus recortes, sus leyes punitivistas y su indiferencia- se ha convertido en el principal productor de abandono.

 

2. EL ESPEJISMO DE LA CAUSA ÚNICA: POR QUÉ LAS REDES NO SON EL ENEMIGO

 

Cada vez que ocurre una tragedia como la de San Cristóbal (Santa Fe), donde un adolescente fue asesinado en el marco de disputas digitales, el debate público se congela en dos posiciones antagónicas, pero igualmente simplistas: regular las redes o defender la libertad tecnológica. Ambas comparten un error de base: creer que la relación entre un estímulo (pantalla) y una respuesta (violencia o suicidio) es directa, unidireccional y universal.

 

La salud mental comunitaria rompe con ese espejismo. El uso de videojuegos, por ejemplo, no es en sí mismo una conducta patológica. Oscila entre el juego como medio natural de expresión -un proceso protector- y la ludopatía como proceso destructivo. La diferencia no está en el objeto tecnológico, sino en el entramado social que lo rodea. Un adolescente con adultos presentes, una escuela que le ofrece proyectos significativos y un barrio con espacios públicos seguros puede jugar sin hundirse. Otro que está solo, que no tiene a quién contarle su día, que encuentra en el juego el único lugar donde es reconocido, puede caer en un pozo sin fondo.

 

La pregunta, entonces, no es “¿las redes hacen mal?”. La pregunta es: ¿cómo operan los procesos sociales generales -economía digital de la atención, algoritmos diseñados para la adicción, precarización del trabajo y la vida- sobre modos de vida particulares -familias que ya no tienen tiempo, escuelas que ya no tienen recursos- para producir en los cuerpos singulares de las infancias formas específicas de malestar?

 

La tragedia de San Cristóbal no puede explicarse sin atender a la violencia estructural del ajuste, a la desinversión crónica en educación y salud mental, a la normalización de la crueldad en los discursos públicos y a la soledad de adultos que ya no saben cómo poner límites porque ellos mismos están siendo devorados por la misma lógica expulsiva del mercado.

 

3. LA FÁBRICA DE SUBJETIVIDADES DESECHABLES: MERITOCRACIA, GUERRA Y BANALIZACIÓN DE LA VIDA

 

Byung-Chul Han lo resume con una imagen terrible: pasamos de una sociedad que nos decía “debés obedecer” a una que nos susurra sin pausa “podés todo, rendí, no pares”. El que puede todo no puede detenerse. El resultado no es libertad: es agotamiento. Y hoy, esa lógica se ha vuelto cruel: el que no produce es descartado. El fracaso ya no da derecho a compasión.

 

Esa lógica, que Han identifica con el avance de las ultraderechas globales, tiene consecuencias concretas en la salud mental de infancias y adolescencias. La meritocracia cruel hace que el adolescente que no logra “ser visible” en redes, que no acumula likes, que fracasa en la escuela, internalice ese fracaso como una falla de su propio valor. No hay red de contención que le devuelva la pregunta por el contexto, porque el contexto mismo proclama que “el que quiere, puede”. La expulsión de la fragilidad lleva a patologizar rápidamente la tristeza, el duelo, el ensimismamiento o el aburrimiento: trastorno de ansiedad, depresión, autismo, TDAH, adicción a pantallas. Mientras, la naturalización de la guerra -Ucrania, Gaza, Libia, transmitidas en tiempo real por TikTok- convierte la destrucción en espectáculo y banaliza la propia vida.

 

En Argentina, este clima de época se agrava con políticas de ajuste que tienen dirección ideológica. El recorte en salud mental -cierre de dispositivos comunitarios, despidos de equipos interdisciplinarios, reducción de camas en hospitales públicos- no es un “mal menor” para equilibrar cuentas fiscales. Es una decisión política que expresa exactamente esa lógica cruel y meritocrática. El resultado está a la vista: según el Informe Epidemiológico de Salud Mental N° 15 del Ministerio de Salud (marzo 2026), la tasa de suicidio en adolescentes de 15 a 19 años aumentó un 34% entre 2020 y 2025, pasando de 6,2 a 8,3 cada 100.000 habitantes. Violencia intrafamiliar que irrumpe en las guardias como una epidemia silenciosa. Episodios de violencia escolar que ya no sorprenden porque se han vuelto cotidianos. No es casualidad: es el producto de un sistema que ha decidido que las infancias no son una inversión prioritaria, sino un gasto prescindible.

 

4. LOS NÚMEROS DEL DESAMPARO: EL AJUSTE NACIONAL EN SALUD MENTAL

 

Para entender la magnitud del abandono, es necesario mirar los números del presupuesto nacional en salud. Según datos publicados por el diario PERFIL el 29 de marzo de 2026, el programa de Apoyo y Promoción de la Salud Mental -dependiente del Ministerio de Salud de la Nación- pasó de tener $475 millones en 2025 a apenas $47 millones en 2026. Una caída del 91,5%. Y lo ejecutado hasta marzo fue todavía más escandaloso: solo $1,4 millones, un promedio mensual de $466 mil, casi exactamente lo que cobra un jubilado con el bono incluido ($440 mil). La salud mental de todo un país recibe por mes el equivalente al ingreso de una sola persona mayor.

 

No se trata de un recorte menor. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) había advertido que los niveles de inversión en esta actividad cayeron abruptamente en 2016 y nunca se recuperaron. El gobierno actual no hizo más que acelerar la caída. Y las instituciones de salud mental y tratamiento de adicciones que reciben fondos de la Sedronar se declararon en emergencia: más de tres meses de atraso en los pagos de las becas de tratamiento, según denunció la Mesa Nacional de Adicciones. Fabián Tonda, titular de la Federación de ONG para la Prevención y Tratamiento del Abuso de Drogas (Fonga), explicó que el retraso implicó endeudamiento, precarización de servicios y la imposibilidad de pagar sueldos o comida. Algunos centros empezaron a reducir gastos y a sufrir alta rotación de personal, algo devastador para tratamientos que requieren continuidad terapéutica.

 

El testimonio de Fernando, consultor psicológico en uno de esos centros, es desgarrador: muchos residentes llegan sin vocabulario para hablar, sin hábitos de higiene, sin haber comido nunca sentados en una mesa. El centro les ofrece cuatro comidas diarias, agua caliente, una cama y, sobre todo, contención. Pero sin fondos, esos lugares cierran. Y entonces quedan chicos en la calle, sin tratamiento, empujados al consumo y, muchas veces, al delito como única vía de supervivencia.

 

Este ajuste ocurre, además, en un contexto de demanda explosiva. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, entre 2019 y 2024 las internaciones por salud mental en la provincia de Buenos Aires pasaron de 28.451 a 45.785. Las internaciones de niños, niñas y adolescentes saltaron del 9% del total en 2023 al 13% en 2024. Once provincias reportaron un aumento de consultas en el sistema público porque la gente ya no puede acceder a medicamentos ni tratamientos privados.

 

Resulta necesario – sin embargo- advertir en este punto que el desmantelamiento no se limita a la salud mental. El gobierno nacional puso fin a la provisión gratuita de medicamentos para miles de pacientes con cáncer y enfermedades raras. Los jubilados y desempleados quedaron sin planes de salud estatales, enfrentando costos médicos inalcanzables. Los programas nacionales de vacunación fueron desfinanciados, con el consiguiente riesgo de brotes de enfermedades prevenibles. Y hospitales emblemáticos como el Garrahan están al borde del colapso, con déficits millonarios y una fuga de profesionales que trabajan en condiciones límite.

 

5. POLÍTICAS PROVINCIALES EN CONTEXTO: LO QUE HACE BUENOS AIRES MIENTRAS NACIÓN AJUSTA

 

Frente al cuadro de desfinanciamiento nacional, la Provincia de Buenos Aires -el distrito más poblado del país y el que concentra la mayor cantidad de hospitales públicos- implementó una serie de medidas que, al menos en términos de inversión, siguen una dirección opuesta. Sin desconocer que los recursos nacionales se redujeron significativamente, el gobierno provincial destinó partidas propias al fortalecimiento de su sistema de salud.

 

En 2025, la Provincia incorporó 2.010 profesionales de la salud a su sistema de residencias, aumentando la cobertura de cupos disponibles en especialidades como clínica médica, pediatría y psiquiatría. Se trata de un incremento cuantitativo que, en teoría, debería traducirse en una mejora de la capacidad de atención, aunque su impacto real dependerá de las condiciones de trabajo, los salarios y la infraestructura disponible.

 

Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, la Provincia está ejecutando un plan de modernización que incluye la integración de los niveles de atención (para evitar que los pacientes se pierdan entre derivaciones), la implementación de historias clínicas electrónicas y el desarrollo de la telemedicina. Estas herramientas, si se implementan correctamente, pueden reducir la fragmentación del sistema y mejorar el acceso en un territorio extenso y heterogéneo.

 

El discurso oficial provincial enfatiza la voluntad de garantizar servicios de salud para toda la población, con especial atención a las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensiones, afecciones cardiovasculares) y a la detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino, mediante programas de mamografías móviles y campañas de concientización. Habrá que evaluar en el futuro si estas políticas logran traducirse en indicadores sanitarios efectivos.

 

Es importante señalar, sin embargo, que ninguna política provincial puede compensar por completo el impacto del ajuste nacional. Los hospitales bonaerenses también sufren las consecuencias de la falta de medicamentos, insumos y transferencias nacionales. La provincia puede remar contra la corriente, pero el río viene crecido. Lo que aquí se describe no es una "excepción virtuosa" ni un modelo a celebrar acríticamente, sino un conjunto de políticas que intentan sostener la red pública en un contexto adverso, con logros parciales y limitaciones estructurales que no deben ocultarse. Un modelo dice “la salud no es un lujo, es un derecho” y actúa en consecuencia. El otro dice “ajuste” y deja caer el sistema.

 

6. LAS LEYES DEL ENCIERRO: CÓMO SE CRIMINALIZA LA POBREZA

 

La crueldad sistémica no se limita al discurso público ni a los recortes presupuestarios. Se encarna en leyes. La Ley 27.801, sancionada el 27 de febrero de 2026, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece penas de hasta 15 años de prisión para adolescentes. Promovida bajo el eslogan “el que las hace, las paga” y celebrada por el presidente Milei como “un acto de justicia hacia la sociedad”, esta ley no es una respuesta técnica al incremento de la violencia juvenil. Argentina tiene una de las tasas más bajas de delitos cometidos por adolescentes de la región: 32 por cada 10.000 habitantes, frente a un promedio regional de 78, según UNICEF. El 87% de las causas son delitos contra la propiedad (hurto, robo sin armas), no delitos violentos.

 

La senadora Lucía Corpacci lo dijo con claridad: es “una pantalla de distracción” que acusa a los niños de la inseguridad, desviando la atención del verdadero problema: el desmantelamiento sistemático de las condiciones de vida. Y la jueza penal de menores Roxana Monti fue contundente: sin presupuesto, sin políticas de acompañamiento, sin dispositivos comunitarios, esta ley “solo significará que a mi escritorio lleguen más expedientes”. Los chicos que llegan a la justicia son mayoritariamente varones en situación de pobreza, sin escolaridad, con consumos de cocaína y pasta base. La ley no ofrece más recursos para equipos interdisciplinarios, centros de día o inclusión sociolaboral. Ofrece la cárcel. Destina 23.700 millones de pesos a infraestructura carcelaria para adolescentes, pero no asigna un peso a dispositivos alternativos al encierro.

 

Paralelamente, la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 -a través de una reforma legislativa y de la Resolución 441/2026 del Ministerio de Salud- habilita a los jueces a autorizar internaciones psiquiátricas forzadas sin pasar por los equipos interdisciplinarios que la ley original exigía como garantes del derecho del paciente. Se derogan las normas mínimas que fijaban plazos máximos de internación de 90 días, controles judiciales cada 15 días y la obligación de contar con psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. El argumento de la “simplificación” y la “desregulación” oculta una regresión gravísima: el retorno a la lógica manicomial que la Ley 26.657 había venido a desmantelar.

 

Leídas en conjunto, estas reformas configuran un circuito de encierro que va de la comisaría al hospital psiquiátrico y de allí a la cárcel, sin que en ningún punto aparezca la pregunta por el contexto, la pobreza, la soledad, la escuela que faltó. El Estado que desinvirtió en salud mental comunitaria, que dejó caer la escuela pública, que no construyó centros de día, ahora se presenta como garante del orden mediante la cárcel y el manicomio.

 

7. CASTIGAR EN LUGAR DE CUIDAR: EL COSTO POLÍTICO DEL ABANDONO

 

Lo que estas dos reformas tienen en común es la criminalización y el encierro como sucedáneos de la ausencia de políticas de cuidado. Es la lógica del chivo expiatorio elevada a principio de gobierno: los adolescentes no sufren porque el sistema los abandonó; delinquen porque son malos, y a los malos hay que encerrarlos.

 

La frase “delito de adulto, pena de adulto” esconde una trampa ética. Justamente porque un adolescente no es un adulto -por su madurez inconclusa, su inserción social precaria, su inexperiencia- la respuesta no puede ser la misma. La respuesta debería ser más Estado, más comunidad, más cuidado. Pero eso cuesta. Encerrar también cuesta, pero rinde políticamente. La jueza Monti lo expresó con crudeza: sin hogares diferenciados, sin equipos de abordaje del consumo, sin herramientas de trabajo, la nueva ley solo servirá para estigmatizar y endurecer el circuito penal de los jóvenes más pobres.

 

La salud mental comunitaria nos ofrece aquí una coordenada ética ineludible: la pregunta por el delito adolescente es siempre, ante todo, la pregunta por el cuidado fallido. Y la respuesta no puede ser más violencia institucional sobre cuerpos ya devastados por la violencia estructural.

 

8. OTRA POLÍTICA ES POSIBLE (Y URGENTE)

 

Los adolescentes no sufren “por las redes”. Sufren porque viven en un mundo que los ha vuelto desechables. Sufren porque los adultos que deberían cuidarlos están siendo aplastados por las mismas lógicas de precarización y crueldad. Sufren porque las escuelas, los hospitales, los centros de salud mental, los espacios comunitarios han sido desmantelados por políticas de ajuste deshumanizadas. Sufren porque el clima de época les dice que el éxito es individual, que el fracaso es culpa propia, que la tristeza es una disfunción, y que la guerra es un espectáculo.

 

En la Argentina de 2026, ese sufrimiento estructural encontró dos nuevas herramientas de consumación: la Ley 27.801 y la modificación de la Ley 26.657. No son leyes neutrales: son la traducción normativa de la misma lógica cruel, meritocrática y expulsiva. Frente a esto, la salud mental comunitaria no puede limitarse a diagnosticar. Debe pronunciarse. Una política de cuidado efectiva requiere la derogación de la Ley 27.801 y la restitución íntegra del espíritu y la letra de la Ley 26.657 -o, al menos- una moratoria inmediata a su aplicación hasta garantizar presupuesto, equipos interdisciplinarios y enfoque comunitario.

 

Exigir presupuesto no es un gesto tecnocrático: es la condición material para que cualquier política de cuidado tenga efectividad. La Ley 27.801 destinó 23.700 millones de pesos a cárceles para adolescentes, pero no asignó un peso a dispositivos alternativos. La contrarreforma de salud mental se aprobó sin ningún estudio de impacto presupuestario. Sin eso, la ley es solo un gesto performático de crueldad.

 

La Provincia de Buenos Aires demuestra que hay otro camino posible: inversión, profesionales, tecnología, voluntad política. Pero una provincia sola no puede sostener todo el sistema cuando la Nación lo desguaza. Por eso, la resistencia debe pasar también por las cámaras legislativas, por los tribunales, por los organismos de derechos humanos. Debe exigir la derogación de las leyes crueles y la restitución de las leyes de cuidado.

 

Los casos de Comodoro Rivadavia y San Cristóbal no son tragedias aisladas. Son síntomas de un sistema que ha decidido que las infancias no importan lo suficiente. Mientras sigamos respondiendo con medidas lineales a problemas estructurales, mientras busquemos culpables individuales en lugar de transformar procesos sociales, mientras patologicemos el malestar en lugar de politizarlo, los cuerpos seguirán cayendo.

La pregunta no es si los videojuegos o las redes son buenos o malos. La pregunta es: ¿qué clase de sociedad estamos construyendo que deja a sus niños y adolescentes tan terriblemente solos, y que luego, frente a esa soledad, responde con cárcel y manicomio en lugar de con escuela, comunidad y cuidado? La respuesta, incómoda, es que estamos construyendo una sociedad que los necesita solos para que no estorben, para que no reclamen, para que no interrumpan la lógica implacable de la acumulación y el rendimiento.

 

Frente a eso, la salud mental comunitaria propone una resistencia: volver a juntar lo que el sistema separa. El cuerpo y la política. El síntoma y la estructura. El adolescente y la comunidad. La escuela y el barrio. El dolor y la posibilidad de otro mundo. Porque otro mundo es posible. Y también es urgente.

NOTA:

Este artículo es una versión acotada del ensayo original de mi autoría "A la deriva en el vértigo. Sufrimiento adolescente, redes y crueldad sistémica en la Argentina del ajuste", basado en análisis normativo de leyes y resoluciones (Ley 27.801, Ley 26.657, Res. 441/2026), informes epidemiológicos (Ministerio de Salud, UNICEF) y fuentes periodísticas y parlamentarias.

 

^(*) Dra. en Psicología/Lic. en Educación/ Psicopedagoga