La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su respaldo al nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, presentado en el Congreso de la Nación por diversas organizaciones que trabajan en el ámbito universitario.
La iniciativa busca garantizar un presupuesto adecuado para las universidades públicas, protegiendo los derechos de trabajadores, estudiantes y docentes.
El proyecto, impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), propone un aumento en los fondos destinados a las universidades, incluyendo partidas específicas para salarios, funcionamiento, becas estudiantiles, ciencia y técnica.
La CGT destacó la importancia de esta ley para contrarrestar el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno Nacional, que ha afectado a miles de trabajadores y al sistema educativo en general.
En un comunicado, la CGT subrayó su compromiso con la defensa de las universidades públicas, criticando al Gobierno por no entender las necesidades del sector y por permitir que las multinacionales marquen la agenda.
El Consejo Directivo Nacional de la CGT llamó a la comunidad educativa a mantenerse unida en esta lucha, afirmando que “sin salarios dignos no hay universidad de calidad”.
Entre los gremios que impulsan la medida, en el marco del CIN, son CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, CTERA, UDA y FATUN.
El nuevo proyecto de financiamiento universitario
La iniciativa parlamentaria fue presentada por miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la Comisión de Educación del Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
La propuesta elaborada junto con representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de Universidades Nacionales tiene como fin enriquecer los diferentes proyectos ya existentes hacia una nueva Ley de Financiamiento Universitario.
La labor de este documento final inició a partir del trabajo de la comisión ad hoc que se creó con la declaración del último plenario del CIN en San Luis en abril.
En esa ocasión, se planteó «ratificar la voluntad de diálogo del sistema universitario y solicitar a las autoridades educativas nacionales un ámbito que permita abordar responsablemente los problemas planteados y encontrar con celeridad respuesta». Entonces, la iniciativa plantea un piso básico de recursos para el funcionamiento y la recomposición salarial.
El texto del proyecto presentado establece la fuente de financiación, sin crear nuevos impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal del Estado nacional.
El presidente del CIN, Oscar Alpa, precisó que “implica, básicamente, una reorientación de prioridades del gasto del gobierno nacional” porque “la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país”.
