El miércoles pasado, la conducción cegetista definió activar una impugnación por presunta inconstitucionalidad si el Senado sancionaba la norma y llamó a concentrarse en Plaza Lavalle para respaldar la presentación mañana lunes 2 de marzo.

En la reunión del miércoles, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió avanzar con una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado aprobara definitivamente el proyecto (cosa que sucedió)  en la sesión prevista para el viernes. Como señal política, la central obrera convocó además a una movilización para el próximo lunes hacia Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para acompañar la impugnación.

La decisión fue adoptada por la mesa chica durante una reunión realizada en la sede de la UPCN, en un encuentro que terminó de ordenar la estrategia sindical frente a un escenario legislativo que el propio sindicalismo considera adverso. Con el oficialismo confiado en reunir los votos necesarios para convertir en ley la iniciativa, la CGT decidió desplazar el eje de la disputa del Congreso al terreno judicial.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, afirmó el triunviro Jorge Sola al término del encuentro. La declaración formalizó una estrategia que la central venía evaluando desde hace semanas, mientras en paralelo sostenía medidas de fuerza y advertencias públicas a los senadores.

Del encuentro participaron algunos de los principales referentes del sindicalismo confederal, entre ellos Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), junto con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros dirigentes que integran el núcleo de conducción de la central.

Dentro de la CGT conviven distintas miradas sobre el alcance del conflicto. Mientras algunos sectores impulsan profundizar el plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, otros promueven concentrar la disputa en el terreno institucional, cuestionando la constitucionalidad de artículos vinculados al régimen indemnizatorio, la reducción de la litigiosidad y la modificación de condiciones laborales que, según sostienen, vulneran derechos adquiridos y principios de protección del trabajo.