El respaldo judicial a la Ley de Financiamiento Universitario no desactivó la jornada de protesta de la semana que viene, ante la desconfianza de lo que haga el gobierno. Más allá del nuevo espaldarazo al sector, sigue sin cumplirse con la decisión de aumentar salarios y becas. El ajuste libertario hizo desplomar a las casas de estudio argentinas en un ranking internacional.
Pese al fallo a favor, los gremios universitarios mantienen la marcha federal: “No esperamos el cumplimiento”
Un nuevo fallo conocido este martes volvió a ordenarle al Gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Se trata de un nuevo revés para el oficialismo, que hace más de un año viene dilatando la aplicación de la norma, que mejora los salarios de docentes y nodocentes y los recursos para las casas de estudio.
En este caso, el juez que entiende en la causa decidió declarar inconstitucional el decreto presidencial que reglamentó la ley y, a la vez, anuló su aplicación. Esto fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que otra vez ratificó la vigencia de la normativa y les dio otro plazo a las autoridades para cumplirla plenamente, lo que incluye también el aumento de las Becas Belgrano. En este contexto, desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales confirmaron la marcha de la semana que viene, ante la desconfianza que existe respecto de la gestión libertaria, que ya incumplió órdenes judiciales, y adelantaron que esta última también será apelada. El ajuste que golpea a la educación superior argentina no es inocuo, y un reciente informe mostró cómo la mayoría de las universidades cayó en un ranking regional.
La declaración de inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, con el que el presidente Javier Milei intentó evitar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, es otro espaldarazo a los docentes y nodocentes, que mantienen su plan de lucha para que la norma, sancionada hace más de un año, se cumpla plenamente. Mediante ese DNU, el Poder Ejecutivo había promulgado la ley, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación práctica debido a la supuesta falta de fuentes expresas de financiamiento asignadas por el Congreso. En un fallo de 50 páginas, el juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, además de otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y declaró la nulidad del decreto y suspendió su aplicación. Según explicó el magistrado, y en contra de lo que sostiene el Gobierno de Milei, “la propia Ley 27.795 (Financiamiento Universitario) establece pautas, en su artículo 9°, sobre cómo financiar lo establecido en la Ley”. “En este sentido, asignar una mayor jerarquía a dos artículos sancionados en leyes pasadas —en donde se prevé una especificación presupuestaria concreta— respecto de una ley más reciente presupone que el Poder Legislativo, tanto en sus primeras votaciones como en su insistencia posterior, desconoce el bloque normativo sancionado por dicho cuerpo”, indicó el juez.
Fuente: Data Gremial
