No existen datos específicos sobre la conflictividad docente nacional ni provincial. Pero según datos oficiales, cada trabajador argentino, entre 2010 y 2020, perdió casi una jornada laboral por año debido a paros, mientras que, en el resto del mundo, el promedio fue de solo media hora.
Los datos surgen de un informe del Instituto de Instituciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba basado en estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También se señala allí que la Argentina fue 14 veces más conflictiva que el promedio mundial. En esa investigación se determinó, además, que el costo de las horas perdidas de trabajo en la década analizada por conflictos laborales asciende a unos 5.300 millones de dólares en valor agregado para toda la economía (no se contabiliza el impacto indirecto).
En el período, detalla, hubo 27.000 conflictos laborales en el país, la mayoría en el sector público. El referido informe también establece que, en promedio en el período analizado, un empleado estatal perdió 2,3 jornadas de trabajo por año por conflictos laborales, ¡16 veces más que un privado! En comparación con lo ocurrido a nivel mundial, el escenario argentino fue 38 veces más conflictivo. "El 90% de las jornadas de trabajo perdidas en la última década se explican por paros en los tres niveles del Estado, que emplean a una de cada tres personas en el país", indicaron los analistas de la entidad cordobesa. Dentro de la administración pública uno de los sectores con mayor cantidad de conflictos fue el docente. En la agrupación por jurisdicción Salta está en los más altos niveles. Llama la atención que los docentes del sector privado de la provincia presentan un índice de conflictos bajísimo ¿será que cobran sueldos muy superiores o que tienen excelentes condiciones de trabajo? No parece ser el caso. Hay quienes piensan que es consecuencia de la alta ideologización de algunos dirigentes del sector…
Precisiones conceptuales
A pesar de que en Salta hace más de 30 años que los docentes provinciales se han convertido en uno de los sectores con mayor conflictividad laboral del país, los salteños seguimos incurriendo en los mismos garrafales errores conceptuales al momento de analizar sus recurrentes huelgas. Trataremos de clarificar algunas dudas.
La primera cuestión a resolver es si la docencia debe ser considerada como un servicio esencial y cuáles serían las consecuencias de tal categorización. En general los gremios de distintas actividades (por ejemplo justicia y transporte) se oponen a ser considerados esenciales ya que -generalmente- ello implica mayores restricciones en el ejercicio del derecho de huelga. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) participa de un criterio restrictivo y solamente son consideradas esenciales las actividades vinculadas a la vida, la salud o la seguridad de las personas. Como veremos tal criterio va a contramano del sostenido en la mayoría de las legislaciones nacionales que incluyen numerosas actividades (desde el comercio del arroz en los países de extremo oriente a las comunicaciones televisivas en Italia). Cuando decimos OIT no expresamos algo totalmente cierto: la Organización Internacional del Trabajo nunca pudo a través de sus instrumentos normativos (Convenios y Recomendaciones) ponerse de acuerdo sobre temas de huelga. Aunque pueda ser sorprendente: para la OIT la huelga ni siquiera es un derecho expresamente consagrado. Cuando la OIT habla de huelga, en realidad lo hacen un conjunto de expertos (elegidos a dedo, aunque de grandes méritos académicos) que integran el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de expertos en interpretación de normas). Concretamente, con un criterio que no compartimos, para la OIT no son servicios esenciales, entre otros, el transporte, la justicia y la educación. Tampoco son servicios esenciales para la legislación argentina.
Un segundo tema se relaciona con el pago de los días de huelga. Para los sindicatos europeos y para la mayoría de los del resto del mundo es impensable reclamar el pago de los días de huelga. Entienden que lo contrario implica permitir una intromisión inadmisible de la patronal en la vida sindical condicionando su libertad de acción. Por eso los gremios van formando una "bolsa de huelga" donde van acumulando fondos para afrontar a veces prolongados períodos huelguísticos. La jurisprudencia argentina admite el pago de días de huelga solo cuando median graves incumplimientos laborales del empleador. Algunos dirigentes sindicales prefieren asegurarle a sus representados que tienen absoluto derecho a percibir los salarios caídos a sabiendas de que ni a nivel mundial ni a nivel nacional puede sostenerse esa afirmación.
