La sociedad salteña, en su mayor espectro, debe celebrar el lanzamiento del "Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2050", continuidad de aquel inaugural PDES 2030, que va cerrando su ciclo. A propósito, la segunda acepción de "prospectiva" según el Diccionario de la Real Academia es "conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro en una determinada materia". Estamos en un momento bisagra.

El camino andado durante trece años es francamente positivo y por una razón principal: la creación del Concejo Económico Social de Salta (CES) fue posterior al lanzamiento del Plan 2030, producto de una amplia convocatoria a sectores sociales intermedios por parte de entidades referenciales.

El CES es un ente público no estatal introducido en la reforma constitucional de 1986. Sus fundamentos están explicitados en la parte pertinente del Diario de Sesiones de aquella Convención (tomo 3, pág. 633 y siguientes), de lectura aconsejable.

Ahora bien, ¿por qué se demoró 27 años para sancionar la ley n° 7.784 de agosto 2013? Numerosos ciudadanos -hoy bastante mayorcitos- interesados en la cosa pública, bregamos por su sanción. La mayoría pensábamos que la práctica político-partidaria se estaba desvirtuando, alejándose paulatinamente de la ciudadanía. A esta altura, aquel diagnóstico, lamentablemente, se verificó en los hechos, justificando la conveniencia de consejos económico-sociales.

En los sucesivos gobiernos provinciales hubo funcionarios que entendían claramente tal necesidad, pero al parecer carecían del poder político para concretar su creación. Por entonces se meneaban dos patéticos argumentos, reveladores de la escasa preparación política para la prospectiva, retaceando apoyos a la nueva institución: unos decían "el poder no se comparte", otros "el Estado no planifica". Todavía hay quienes piensan lo mismo, sobre todo entre los adherentes al segundo "argumento", dado que un topo ocupó el Estado para destruirlo desde adentro: es indispensable la presencia estatal en una planificación de esta naturaleza.

Con todo, se avanzó bastante en el tiempo transcurrido, durante el cual el Consejo atravesó distintas instancias que lo confirmaron como un ente imprescindible, con la ventaja de haber arrancado a partir de un esfuerzo colectivo que derivó en el Plan 2030. Su legitimidad se explica, pues, con la amplitud de su sustentación social, lo cual ocurre con cualquier construcción social emergente de abajo hacia arriba. El arraigo del CES fue yendo de menor a mayor, en tanto las entidades representadas en él ejercitaban una sensata convivencia, buen diálogo y conjugación de intereses. Por cierto, falta bastante por recorrer pues los planes estratégicos son por esencia interminables.

Mucho se puede decir del Plan 2030, que -por inicial- abordó temas con demasiada amplitud, lo cual haría difícil el seguimiento y actualización de sus propuestas. Sabiendo esto, los actuales referentes que actúan en los Plenarios tienen claro que el Plan 2050 debe ser menos puntilloso, pero apuntando a una docena de cuestiones de mediano y largo plazos.

Cabe señalar que aquel primer plan fue actualizado en 2018 y en 2024, en cada caso con la participación de equipos de solventes profesionales. Esto se debe al sabio artículo 2.4. de la ley 7.784, que introdujo una Comisión permanente para el seguimiento y actualización del Plan. Esta Comisión, esencial a mi criterio, garantiza la continuidad del Plan y su deriva en políticas públicas.

Las mentadas actualizaciones plantearon una nueva planificación provincial mediante ocho regiones (Puna, Valles Calchaquíes, Valle de Lerma, Área Metropolitana, Valles Centrales, Chaco, Yungas y Pre-Puna). Sin exagerar, ese criterio puede implicar una transformación revolucionaria en el modo de concebir los problemas políticos, económicos y sociales de Salta, en un tiempo en que tal concepto se va afianzando a nivel nacional e internacional en el escenario multipolar.

Recuérdese que, según el texto del art. 77 de la Constitución Provincial, la consulta al Consejo -en cuanto a planes de desarrollo estratégico- es obligatoria por parte de los poderes del Estado, pero su dictamen obviamente no es vinculante. Esto significa que, mirando al 2050, el nuevo Plan debiera encarar grandes objetivos estratégicos, los cuales derivarán en líneas de trabajo concretas, en función de las prioridades propuestas y decididas. A tal objeto, la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo es sustancial.

En función de todo lo expuesto, hay un aspecto central que todavía falta precisar: el contexto geoestratégico en que debe actuar la Provincia de Salta, atendiendo su superficie y población.

La dirigencia argentina se ha desacostumbrado a pensar en ese registro, sobre todo en una época en que los avatares de la política internacional inciden como nunca en las políticas nacionales. Hoy, como ayer ocurrió con la globalización, se mal usa la geopolítica para explicar sino justificar cualquier situación.

Los argentinos aún no tenemos definida una geopolítica nacional, consensuada y definitiva, con todos sus aditamentos, sino un esbozo que al menos marca un punto de partida en función de nuestra extensión territorial y espacios marítimos circundantes:

Argentina, país bicontinental y oceánico.

En esa perspectiva, corresponderá a la Región del Norte Grande, a la que pertenece Salta, equilibrar el desbalance de poder nacional que desproporcionadamente ejercen solo cinco distritos del país, por un lado; por otro, articular de una vez nuestro país con Suramérica, a la cual pertenecemos y seguimos dando la espalda.

En consecuencia, el Plan de Desarrollo Estratégico 2050 no sólo debe considerar problemáticas provinciales, sino también su vinculación con el NOA, la RNGA y el Centro Oeste Suramericano, porque eso proviene de nuestra geografía e impulsó nuestra historia.

Cometeríamos un grave error si no incorporamos estas dimensiones entre las metas geoestratégicas del nuevo Plan. Es signo de los tiempos; es prospectiva.

Gentileza: Diario El Tribuno de Salta