El Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre próximo el programa a través del cual el Estado Nacional abona un porcentaje del salario del personal doméstico, con el fin de promover la «formalización y bancarización» de esos trabajadores.

La extensión se formalizó por medio del Decreto 358/2022, publicado en el Boletín Oficial.

 

Ahora, los empleadores tendrán tiempo hasta fin de año para inscribirse en el Programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para las Trabajadoras y los Trabajadores de Casas Particulares», y acceder a sus beneficios.

 

Según el Decreto, podrán solicitar el ingreso al Programa aquellos empleadores que en los últimos 12 meses hayan obtenido «ingresos brutos de cualquier naturaleza, cuyo promedio mensual sea igual o inferior al importe establecido por la Ley de Impuesto a las Ganancias».

 

Además, la nueva relación laboral por la que se pide asistencia deberá estar «comprendida en el Régimen establecido en la Ley N° 26.844, encuadrada en las categorías de personal para tareas específicas, de caseros y caseras, de asistencia y cuidado de personas o de personal para tareas generales, con dedicación igual o mayor a seis horas semanales de trabajo».

 

También, el Poder Ejecutivo modificó el monto máximo del beneficio, que era de hasta $15.000 pesos por mes y ahora podrá superar, aunque no deberá estar por encima del 50% de la remuneración neta mensual indicada para la categoría «Personal para tareas generales» que esté vigente al momento del pago.

 

Al mismo tiempo, se eliminó el requisito que disponía que el trabajador solo podía estar inscripto en el Programa bajo la nómina de un empleador, pero se mantuvo la regla de que aquel que contrata podrá solicitar esta asistencia del Estado para una sola relación laboral.

 

También se derogó la medida que establecía que el empleador tenía que mantener el puesto laboral por al menos hasta cuatro meses después de la finalización del beneficio.

 

El Gobierno señaló que el trabajo doméstico «se encuentra altamente feminizado, lo que incide de forma directa en las brechas laborales existentes entre los géneros, tanto en materia salarial como en la calidad del empleo».

 

«Esas tareas recaen en mayor medida en las mujeres y personas LGBTI+, sobre quienes impacta más gravemente la precarización del sector», añadió.

 

Por ese motivo, consideró necesario «potenciar las herramientas que contengan la situación de crisis del sector de personas que trabajan en casas particulares y tiendan a la bancarización de las trabajadoras y los trabajadores».

 

«Registradas» fue lanzado en octubre del año pasado y consiste en la transferencia de una suma mensual equivalente al 50% de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción.

 

Fuente: Mundo Gremial.