El Gobernador de Salta, Gustavo Ruperto Sáenz, hizo aprobar sobre tablas una Ley que según muchos analistas es inconstitucional. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a avanzar una vez más en terrenos cenagosos?

Si nos atenemos a la problemática salteña y la inestabilidad social existente con más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza y en algunos departamentos llegando a más del 80% de la población en esa situación, con muchas comunidades pidiendo agua y comida a las puertas de los municipios, como antaño lo hacían a las puertas de los castillos medievales o en las rejas de Versailles, pareciera que sacar una ley semejante podría ser peligrosa para la propia gestión.

 

Esta Ley es la continuación del Decreto 91/23 de febrero de este año, que reglamentó la misma acción de los manifestantes e incluso llega a organizar la intervención policial a nivel de detalle.

 

El marco en que se emitió este Decreto fue el de la población reclamando por agua en el norte de la provincia y contra los aumentos de las tarifas eléctricas en todos lados. Fueron semanas en las que el Gobernador escapó raudo de varios encuentros.

 

La actual Ley surge en el contexto de un conflicto muy importante con los docentes y con el personal de salud y que comenzó a interrumpir la actividad en Salta Capital y en toda la provincia. El Decreto no era suficiente y tuvo que proponer una Ley. Diría una Ley idéntica a un Decreto.

 

También se da en el marco de un triunfo electoral claro y que en su animoso discurso del 14 de mayo consideró como un plebiscito a su gestión. ¿Este triunfo habilitaba a pensar que estos docentes y hospitalarios no tenían entidad como para discutirle a él decisión alguna?

 

Además, cometían el pecado de ser autoconvocados, es decir que pretendían una negociación por afuera de los gremios y sindicatos.

 

Ahora bien, ambos reclamos sociales tienen características comunes.

 

En primer lugar, podemos reconocer que, en el Norte, los reclamantes por los servicios también fueron autoconvocados. Nadie los organizó ni los condujo. Fueron fruto de la desesperación.

 

En segundo lugar, ambos tienen un perfil de manifestante que no es el de los cortes de ruta clásicos. Aquellos que solemos encontrar recorriendo la Provincia. Aquí los afectados de la zona urbana, podríamos decir clase media de Oran y Tartagal lideraron esas protestas y trabajadoras de la educación y de la salud.

 

Es cierto que tanto comunidades de pueblos en el norte como movimientos sociales en la Capital se adhirieron y apoyaron el reclamo, dándole volumen a las marchas, pero no fueron éstas las que los lideraron, a pesar del discurso oficial.

 

La idea de que un problema técnico administrativo de alto impacto social, como es fijar un sueldo razonable para los trabajadores del estado deba resolverse con una medida política contra las libertades, más allá de que todo sueldo o remuneración es político, resulta por lo menos un error.

 

Ahora bien, el contexto del norte, en febrero y su Decreto, tiene que ver con el reclamo de los productores de granos, que vieron el movimiento de sus camiones interrumpido. Es decir que el Decreto 91/23 obedece a un pedido de la gremial del campo. (https://opinorte.com.ar/ruralistas-saltenos-piden-al-ministro-de-seguridad-que-intervenga-ante-los-cortes-de-ruta/) 

 

Con esta Ley de mayo, el sector que aparece presionando para limitar el movimiento autoconvocado es el gremial. Así se lo vio al Gobernador en foto junto a Rodas y Guaymás ratificando que es con ellos que se negocian los futuros reclamos. Las 15 cuadras de manifestantes del otro día pusieron varias barbas en remojo.

 

De esto también se trató en Salta, de aceptar las presiones de sectores de poder, negando derechos.

 

Sin embargo, esto se inserta en otro contexto mucho más amplio que es el rechazo social a los cortes de calle como modo de protesta. Desde la venta de YPF a Repsol, en el ’91, a la fecha, los cortes de ruta y calles, o piquetes, se han multiplicado. Los gobernantes han creído entender que muchas veces solo hace falta aguantar un poco para que la protesta se “apague” y los manifestantes se vayan a sus casas. Del otro lado el planteo es el inverso, los funcionarios no pueden aguantar tanto así que sigamos piqueteando. Son como esos duelos de autos corriendo uno contra el otro para ver quien se desvía primero. Solo que arriba de los vehículos va la sociedad con sus complejidades y contradicciones.

 

Existe un prejuicio de que los cortes de ruta son intempestivos, sin previo aviso, pero casi nunca son así. Queda implícitamente puesto en el Decreto y la Ley mencionadas. Artículo 4º. 

 

Pero los cortes son el resultado del hartazgo del pueblo de no ser atendidos. Aquí y en Francia. (Hablando de Francia, se da también allí el caso de los “Chalecos Amarillos” como una manifestación autoconvocada).

 

Falta de trabajo, de agua, de electricidad, de ripio, de comida, etc. son todos causales de reclamos bien explícitos. Antes de que una familia wichi cruce la ruta con tres palitos, hubo decenas de pedidos a las autoridades para que resolvieran una cosa determinada. 

El Decreto 91/23 pretendió regular los piquetes y a las claras, la situación se les salió de las manos con docentes y enfermeros. De allí la nueva Ley.

 

Pero me gustaría ampliar aún más el contexto en el que esta norma se introduce.

 

A lo largo del S.XXI se ha acelerado la productividad en todas las naciones. Lo que a fines del siglo pasado estaba concentrado en Japón, Europa, los Tigres del Sudeste de Asia y EEUU, con un ingreso fuerte de China a este grupo, hoy se trasladó al mundo. La Productividad tiene muchas facetas. Una de esas facetas o variables es el peso del “costo” del recurso humano. Lo marco con comillas porque es como miran los productivistas, el costo de los trabajadores.

 

Si el trabajo es una variable, entonces bajar ese, nuevamente, “costo” es algo a tener en cuenta. Esto equivale a reducir salarios o reducir personal o ambas cosas.

 

Esta última es la opción que se está desarrollando en la Argentina. La reducción de los salarios se verifica en que hoy tener un trabajo en blanco no garantiza la canasta básica y que la mitad de los trabajadores se encuentran en negro. Paralelamente, la inflación licúa esos “costos”.

 

La reducción del personal puede ser vista en las nuevas plantas industriales automotrices, donde lógicamente los robots reemplazan a los trabajadores. O la nueva “industria del campo”, donde los paquetes tecnológicos reducen los trabajadores necesarios y aumentan la producción. No está mal, es un hecho y tenemos que tener propuestas que hoy no tienen.

 

Esto solo como un par de ejemplos y anticipando que la cosa se está poniendo mucho peor, en la medida que no se adopten políticas muy diferentes a las actuales.

 

En este contexto más amplio, donde el número de desempleados y subempleados puede aumentar, leyes como la que estamos tratando aquí, para limitar la protesta del pueblo ante gobernantes inescrupulosos, incapaces de dar soluciones a problemas tan básicos, no serán ya necesarias, sino obligatorias.

 

Sin embargo, en este ensayo local, pequeño, podemos ver también que los pueblos tienen capacidad de resistencia. Un Decreto no fue suficiente y obligó al poderoso a redoblar la apuesta sancionando una Ley. No hace mucho este mismo Gobernador Sáenz llamó a “Sacar el Ejército a las calles”. Pronto veremos cómo se resolverá este dilema que siempre nos coloca entre pan y circo o trabajo con derechos.