Los trabajadores ven gran preocupación, como sus respectivas obras sociales sufren los embates irracionales por parte de los prestadores o empresas y/o asociaciones de prestadores de servicios de salud, que en forma unilateral están subiendo los importes de sus aranceles, en algunos casos superando el 100% del valor que facturan en la actualidad, y en algunos casos sufren el corte de servicios sin una razón justificada y hasta sin acordar razonablemente con las obras sociales.

A decir de algunos dirigentes gremiales, a propósito de la crisis económica – financiera que están sufriendo las Obras Sociales, “debemos decirles a todos los prestadores de salud, por si aún no se dieron cuenta, que las Obras Sociales de los trabajadores, da cobertura a más del 50 % de los argentinos.  Que administradas por los propios trabajadores, sostenemos la solidaridad y la equidad como piedra fundamental de la construcción de un sistema equilibrado y accesible a los sistemas de salud de todos los trabajadores, sin distinción alguna”.

Y agrega: “Es bueno recordar que, durante la década de los noventa, también se apuntó a destruir nuestro sistema de la seguridad social, para allanar el camino hacia la definitiva privatización del sistema de salud en el país. Felizmente, como era de esperarse, el Movimiento Obrero Organizado, acompañado de algunos sectores de los prestadores identificados con los valores nacionales y populares, plantó su bandera de lucha y desbarató esos intentos”.

Y a la luz de lo que está pasando en la actualidad, parece que quieren volver por lo mismo, bajo el disfraz de la pauperización de los profesionales; o la pérdida de la rentabilidad empresarial o sectorial; o los altos costos de los insumos. Los mismos sectores irreflexivos y pocos comprometidos con la realidad socio-económica de los trabajadores, pretenden que los trabajadores sigan siendo la variable de ajuste de los mismos sectores privilegiados que, en sus desmanejos económico-financieros, no tuvieron sensibilidad, ni vergüenza a la hora de mostrar la ostentación de su opulencia, cuando millones de argentinos se sumían en la miseria y la marginalidad extrema.

Y además de eso, concertando un arancel con las distintas asociaciones de prestadores, los trabajadores deben pagar un plus, por la atención, que muchos ya no hacer frente por los elevados costos que ello significa para un trabajador que, por más que su Obra Social le pueda o quiera reconocer, no es posible porque no tienen comprobante de ese plus, para que la Obra Social le reintegre.

Es por eso que los secretarios generales de los sindicatos o los administradores de las Obras Sociales gremiales, están buscando unirse para el armado de una entidad que los contenga a todas las obras sociales, y poder así concertar aranceles razonables y viables para poder seguir manteniendo, en calidad y cantidad, las prestaciones de salud que requiera el trabajador o trabajadora que hace su aporte a su entidad solidaria de salud.

Ellos mismos, no están lejos de la realidad que se vive en el país y en la provincia. Pero esa misma realidad marca un problema que si no se trata, consensuadamente, entre prestadores, Obras Sociales y el mismo Estado el sistema de salud globalmente puede en una crisis mayor, ya que los hospitales públicos pueden colapsar.

La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de la Secretaría de Acción Social, publicó un informe, no hace mucho, en el que realizó un diagnóstico del presente que atraviesan las obras sociales en el país. Según las estimaciones, se encontró un déficit que se acrecentará y una alta concentración de afiliados.

El documento difundido por la secretaría a cargo de José Luis Lingeri expuso que “el sistema de salud de las obras sociales a nivel nacional, les da cobertura a 14.244.066 beneficiarios mediante 288 obras sociales inscriptas en el registro de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS)”. Según el desglose, son “aproximadamente 12 millones en el régimen general, 2 millones de monotributistas y unas 255.000 empleadas domésticas”.

“La cápita promedio del sistema a marzo de 2023 es de $8.604,00”, indicaron. “Con este valor como referencia vemos que el 33% de las obras sociales tienen un ingreso promedio por encima de este valor mientras que las restantes no llegan a la media del sistema”, agregaron en el análisis del equipo que conduce el titular del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS).

Por último, la central obrera constató que “el costo estimado del Programa Médico Obligatorio (PMO) a la fecha, supera esa cifra promedio de ingreso, lo que hace suponer que la mayoría de las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud no logra cubrir este costo” y que “gran parte del déficit lo están cubriendo las organizaciones gremiales con aportes a sus obras sociales”.

La CGT y el Gobierno negocian a dos cuerdas para llegar a un acuerdo por los fondos de las obras sociales y, así, «ordenar» un sistema que tiene al borde de la quiebra a las entidades de salud que son «subsidiadas» por los sindicatos a causa de sus persistentes números en rojo.

El objetivo, de la Central Obrera, es intentar «ordenar», en este caso, el sistema de reintegros de los fondos de las obras sociales que registra un crónico retraso en volver a las arcas de las obras sociales. Y de esta manera el sistema solidario de Salud, que son las Obras Sociales,  colaboran con el Estado en la prestación de salud absorbiendo pacientes que de otra forma estarían abarrotando el hospital público.

Por eso que, los administradores de las Obras Sociales, en defensa de la organización solidaria de salud para sus trabajadores, no van a quedar de brazos cruzados ante lo que consideran un atropello a un estado de convivencia social que siempre están prestos a fortalecer con el conjunto de todos los sectores de la comunidad. 

 Por eso que los referentes de las Obras Sociales, en la provincia, van a seguir apostando al diálogo y la concertación en los momentos y lugares que sean necesarios.

Y si es necesario hacer una convocatoria a un gran debate sobre el particular, se lo hará, con criterios y mente abierta para fortalecer la salud de los trabajadores con organizaciones fuertes y solidarias.

“Porque si aspiramos a vivir en una comunidad organizada, nos debemos exigir comprensión y concertar entre las partes lo deseable y lo posible en una relación madura. Nosotros sostenemos que somos la fuerza motora del crecimiento del país y sus organizaciones, como en este caso nuestras Obras Sociales, que posibilitamos ampliar las bases de participación de la renta nacional a todos los sectores que dependen, directa o indirectamente, de nuestra existencia. Y en esta participación están los profesionales y prestadores. ¿Entonces por qué destruir al sistema que nos permite mantener una permanente estabilidad laboral a todos los sectores involucrados?” Manifestaba un dirigente

“También nos dirigimos al mismo Estado que, como garante de la salud de la población, no puede estar ausente en este tema. La SUPERINTENDENCIA DE SALUD, y el Ministerio de Salud en la provincia, deben no sólo controlar sino también regular a todos los comprometidos con nuestro sistema de seguridad social. Porque si el Estado utiliza los instrumentos legales para controlar y regular, de algún modo, los salarios, los convenios colectivos de trabajo y la política económica en general, también debe velar por el interés general de la población, no permitiendo que una situación sectorial vaya en desmedro del conjunto; sobre todo si en ello está en juego la salud de los trabajadores y paz social, de la que todos somos responsables de mantenerla y consolidarla. Agregó otro

Por último, escuchamos decir: “los trabajadores organizados vamos a agotar todas las instancias en defensa de los legítimos intereses de los beneficiarios de las obras sociales, antes de tomar cualquier medida de lucha que exija defender las conquistas de los trabajadores que tantas vidas y sangre ha costado a la clase trabajadora.”