Es bueno conocer las instituciones de otros países, para cotejarlas con las nuestras, y, en su caso, adaptarlas a nuestra idiosincrasia. Así lo hicieron nuestros próceres cuando adoptaron la constitución de Estados Unidos, con la impronta de Alberdi. El federalismo y la opción por la república probablemente tengan el mismo origen debemos conocer cómo funcionan en otros lugares las instituciones que permiten mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones, como el plebiscito en Chile. Y la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato en otros lugares. O el Consejo Económico y Social en Europa.

Chile es un ejemplo. Rechazaron mediante plebiscito la pretensión de Pinochet de permanecer ocho años más en el poder y de ese modo terminaron con el gobierno militar. La convocatoria a constituyente en 2020 la consiguieron los chilenos en las calles y mediante plebiscito establecieron las reglas de la nueva constituyente. En Setiembre el trabajo realizado por la constituyente se puede transformar en una nueva constitución, si gana el apruebo o queda en la nada si gana el rechazo.

El Titanic y la Argentina eran indestructibles. Estaban condenadas al éxito. Cuando un témpano impactó el barco, siguieron bailando sobre la cubierta, mientras se hundía. Entre nosotros pasa lo mismo. Los argentinos estamos bailando sobre la cubierta, con un director de orquesta que no tiene idea de conducción. La república cruje por la intromisión de un poder, el Ejecutivo, sobre otro que debe ser independiente, el Judicial. Los que deben garantizar la paz social, impulsan el combate interno. No se dan cuenta de que estamos buscando el témpano que nos hunda. Massa, que nos estaba sacando a flote, solo puede mostrar un país incoherente, desunido. ¿Quién invertirá?

Hablar de instituciones en este momento puede resultar superfluo. Pero sólo las instituciones nos garantizan honestidad y eficiencia. Por eso insistiré en la institucionalidad, hasta que me callen.

Vamos a la columna. En la Antigua Grecia, las ciudades tenían pocos habitantes y solo podían votar los hombres, no así las mujeres, los esclavos y los hombres más pobres. Las cuestiones importantes se sometían a la consideración de los ciudadanos. Se reunían los autorizados a hacerlo. Se debatía. De allí la fama de algunos de los oradores. Luego se votaba. Ésa  era la democracia directa.

Cuando las ciudades crecieron, era imposible reunir a todos los habitantes en el mismo lugar. Se decidió que cada sector, o cada ciudad, o cada pueblo, elegirían un delegado, que actuaba en nombre del grupo. Eso se denominó democracia representativa. Por ello existen los parlamentos. Los legisladores toman decisiones en nuestro nombre. Nosotros somos los que los mandamos. Y ellos, nuestros mandatarios. Pero por nuestro desinterés en la cosa pública, son nuestros representantes los que nos mandan. Y el primero en adueñarse es el presidente o el gobernador o el intendente. No mandamos nosotros. Quizá en alguna elección el rechazo signifique recuperar algo del poder perdido.

La aparición de medios masivos de comunicación, a partir de la creación de la imprenta, luego la radio y la televisión y ahora las redes, permitió un mayor protagonismo de la comunidad, principalmente a través de plebiscitos y referéndums, audiencias públicas, revocatoria de mandatos e iniciativa legislativa. Ésa es la democracia participativa.

En Chile las constituciones se aprueban o se rechazan mediante plebiscitos. Así se aprobó la constitución propiciada por Pinochet, en el año 1980, que otorgaba al presidente prácticamente plenos poderes durante los ocho años de su mandato.

Cómo la constitución establecía que no se podían desempeñar dos mandatos seguidos como presidente y Pinochet deseaba continuar siéndolo, propuso modificar la constitución mediante un plebiscito, en el año 1989, para gobernar otros ocho años seguidos.

La actividad de los sectores opositores fue intensa, especialmente de los trabajadores y de los estudiantes con el consenso de todos los partidos políticos. Votó el 97% del padrón electoral y el rechazo alcanzó 56% de los votos. La consecuencia inmediata fue el fin del gobierno militar y la convocatoria a elecciones.

El gobierno electo, en cumplimiento de promesas de campaña, convocó a una reforma constitucional de la aprobada durante el gobierno de Pinochet. Entre muchas otras reformas, ésta disminuía el poder del presidente y aumentaba los del Poder Legislativo, estableciendo equilibrio. Siempre mediante un plebiscito.

Pero la población seguía hablando de la constitución de Pinochet. Y para lograr reformarla, ante la reticencia del presidente Piñera en convocarla, salió a las calles en forma multitudinaria. Fue severamente atacada. Se produjeron muertos y heridos principalmente por las balas de goma. Pero la comunidad seguía saliendo a las calles, hasta que doblegó la voluntad de sus mandatarios y nuevamente se convocó a un plebiscito en el año 2020, que incluía el temario, la participación de candidatos individuales o grupales, sin que intervenga necesariamente un partido político que los habilite. Se votó en octubre de 2020 y el 79% votó por una nueva constitución, a través de una convención constituyente.

Se eligieron convencionales constituyentes. Los partidos políticos tradicionales fueron derrotados y triunfaron candidatos independientes o pertenecientes a agrupaciones de ciudadanos gestadas a ese fin. La igualdad de constituyentes fue de 77 hombres y 76 mujeres. La primera presidente fue una mujer mapuche. La segunda fue también mujer.

Mientras funcionaba la convención, se eligió presidente de la república y recayó en BORIC, que representaba a los sectores de izquierda que ganaron la convención constituyente. En el año 2022 presentaron la reforma constitucional propuesta, que introduce cambios fundamentales a la vigente actualmente. Esta reforma constitucional, se debe aprobar por plebiscito, que se llevará a cabo el 4 de setiembre de 2022. Aprobar la constitución por un plebiscito garantiza que un núcleo circunstancial que obtuvo la mayoría, no imponga su propio criterio, sino que sea intérprete de la voluntad del pueblo chileno. Estos plebiscitos ameritan la calidad de democracia participativa de los chilenos.

En mi próxima columna compararé las instituciones constitucionales chilenas vigentes, con las reformas propuestas. Los oyentes y los lectores podrán así, internamente, decidir cuál es su respuesta ante los cambios propuestos en Chile, que podría también ocurrir en Argentina.

En el título dije que Salta no es una democracia participativa, aunque lo diga el preámbulo salteño y aunque exista la posibilidad de referéndums, plebiscitos, iniciativa legislativa, audiencias públicas y Consejo Económico y Social.

En las democracias realmente participativas, como la normada por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura no puede impedir que la ciudadanía convoque a un referéndum o promueva el dictado de una ley, mediante la iniciativa legislativa. En Salta el referéndum debe ser aprobado por ley. Recordemos que el ocho por ciento de la población con doce senadores puede bloquear el referéndum y la iniciativa legislativa. Si el referéndum afecta privilegios, no se aprobará. Lo mismo ocurre con la iniciativa legislativa. Aunque la firme la mitad del electorado, se necesita una ley, que no es obligatorio tratarla. En la CABA, luego de un año sin tratamiento legislativo, el Supremo Tribunal convoca directamente a referéndum, y si triunfa, la iniciativa se convierte en ley.

En los Consejos Económicos y Sociales, especialmente los europeos, desde los municipales hasta el Consejo Económico y Social de Europa, eligen sus propias autoridades. Aquí los designa el gobernador. Allá puede estudiar asuntos que les parecen convenientes y los analizan, los aprueban y se elevan. Cuando son tratados, sea en el Parlamento o el Consejo de Ministros, el Consejo Económico y Social de Europa designa sus representantes para defender su postura. En Salta solo pueden tratar las   cuestiones elegidas por el gobernador. Nuestro Consejo Económico y Social no forma parte de una democracia participativa. La ley de creación desnaturaliza el precepto constitucional.